¿Quién va a denunciar a los pisos turísticos?

Si algo y entre otras cosas nos distingue, ésta para mal, de la generación de nuestros abuelos, es el distanciamiento cercano a la alejada y apática ignorancia de nuestros vecinos con quienes apenas intercambiamos algún saludo en el ascensor, y a veces, ni eso. Los porteros de antaño, hoy renombrados “conserjes”, escasean cada vez más, convirtiéndose en auténticos funcionarios de la finca sin más ni mejor información al vecindario que las 4 frases hechas: limpieza de la escalera y pegar un folio de vez en cuando en el ascensor avisando de cuando van a cortar el agua, la luz o el gas según comunicado de las empresas distribuidoras de servicios.

Antes siempre había uno/a o varios vecinos muy dados a contar la vida de los demás, herencia de las corralas del Madrid populoso y barroco, extendiéndose incluso más allá de cualquier discreción, por lo que nuestros deudos se enteraban de quien andaba mal de presupuesto; se había quedado embarazada antes del matrimonio; o tenía la casa, de puerta para adentro, hecha unos zorros; inclusive de si había pasado algún cura por determinada planta llevando los santos óleos; cuando no determinado cobrador con apurada y vocera insistencia reclamadora. Por supuesto se sabía comunalmente quién era propietario y quien arrendatario, vida y milagros.

Hoy eso parece imposible como no nos dediquemos a acudir regularmente al Registro de la Propiedad.

Digo lo anterior por la dificultad que va a suponer la tan controvertida ley de los pisos turísticos, únicamente recontados en la Comunidad Valenciana unos 30.000 desde 2018, suponiendo que esa cifra se aproxime a la realidad, porque sólo en la Villa y Corte babilónica de Benidorm presumo que la dupliquen para meter a más de medio millón de personas, descontando los hoteles, en un mes de agosto, pongamos por caso, dado que es ciudad de mucho turismo durante todo el año. Y no digamos la cantidad de urbanizaciones de bungalows esparcidas por la Vega Baja y Las Marinas, bastante de las cuales están ocupadas al 90% por una o cuando más dos nacionalidades europeas distintas a la nuestra.

Otra historia es que los ocupantes temporales armen insufrible bulla y no haya manera de reconciliar el sueño, con lo cual la denuncia vendrá contra el incómodo salvajismo de quienes arman en casa ajena, lo que no se atreverían en la propia

Si el presidente Carlos Mazón y su consellera de Innovación y Turismo, Nuria Montes, quieren hacer valer el nuevo decreto-ley tendrán que inventarse una policía o cuerpo funcionarial de inspección y localización de ese tipo de viviendas compartidas, entre otras razones para amortizar su compra inicial, uno de cuyos señuelos del vendedor al nuevo propietario era y es precisamente la posibilidad de alquilar por días, semanas, meses y hasta temporadas completas. Trato este entre particulares, o empresas con estas peculiaridades, que además en tantas ocasiones se da en los países de origen a donde regresan los caseros para pasar el cálido verano en sus viviendas primigenias y después volver al plácido invierno mediterráneo.

Y menos mal que han quitado la retroactividad, porque eso ya es labor poco menos que imposible en su exacta comprobación. Nadie, o casi, es absolutamente diáfano con la Hacienda pública estatal, y mucho menos con la autonómica o local, si pueden ahorrarse unos eurillos, ni tampoco veo a los convecinos yendo a las distintas Administraciones para denunciar al de enfrente, arriba o abajo, ganándose su animadversión de por siempre; siquiera entiendo que sea labor de las policías y demás fuerzas de seguridad, ocupados en menesteres más perentorios y urgentes. Otra historia es que los ocupantes temporales armen insufrible bulla y no haya manera de reconciliar el sueño, ni de aguantar decibelios fastidiosos, con lo cual la denuncia vendrá contra el incómodo salvajismo de quienes arman en casa ajena, lo que no se atreverían en la propia, pero casi nunca por culpa de un contrato aventajado y no declarado.

Creo que es, y aunque por una vez nos hayamos adelantado a otras autonomías, un decreto-ley al que habrá que darle muchas vueltas, para acabar (regreso al futuro) en el alquiler propiamente, con alguna variante, pero sin tocar lo básico; en primer lugar, porque sus beneficios para arrendadores suelen estar por encima de otros réditos bancarios o bolsísticos si no estás en la pomada; y, en segundo lugar, porque cierta pillería va a seguir existiendo sobre todo mientras entre ciertos insolidarios con sus deberes impositivos se maneje dinero negro y folio en blanco.

En el fondo parece una añagaza para contentar el afán recaudatorio de los siempre depauperados Ayuntamientos ¿de qué consistorios hablamos: costeros o del interior? ¿Cuál y quién define el ámbito “turístico” en según qué poblaciones? ¿La “culpa in vigilando” será controlada por los Ayuntamientos, por la Generalitat…? ¿Cómo cambiamos una vivienda de una condición (turística en cortas instancias) a otra (para volver a vivir en ella o arrendada por anualidades, etc.)? ¿Echa la ley, hecha la trampa?

Señora Nuria Montes llame a sus técnicos, denle un par de vueltas a la cosa, porque no está claro si gana el cliente o pierde la casa y viceversa.