El PSOE renuncia a sus 45 años de historia de la mano de Pedro Sánchez

El XXVIII Congreso del PSOE celebrado el 17 de mayo de 1979 significó algo más que el adiós al marxismo. Allí se tomó la decisión de elegir a Felipe González como secretario general y renunciar al Estado Federal, que no al federalismo. En este caso se trataba de avanzar gradualmente, según la relación de fuerzas políticas, hacia un Estado “cuasifederal” de acuerdo con las posibilidades que ofrecía el Título VIII de la Constitución recién aprobada que concebía al Estado como una Monarquía Constitucional. En la primavera de 1979 existían dos modelos de organización territorial del Estado: el “descentralizado” defendido por la UCD y el “cuasifederal” del PSOE, pero con un punto en común de coincidencia: que el acceso a la nueva reorganización territorial del Estado no pusiera en peligro la estabilidad de la Monarquía. Y se respetó.

La resolución sobre política autonómica del XXVIII Congreso no dejaba lugar a dudas. Después de los años pasados es interesante releerla para darse cuenta de que fue en aquel momento cuando se decididó en el PSOE que el horizonte autonómico debía ser igual para todas las regiones, pero también “racionalizado”, para asegurar la estabilidad del Estado recién constituido. Y en esa racionalización estaba, también, la fiscal. Como buenos federalistas optaban por la “unidad de Caja” con un reparto de competencias entre el Estado y las Autonomías progresivo, ordenado y solidario. Pero más interesante es releer que los ponentes de esa resolución fueron delegados del PSC.

Federalismo como organización territorial del Estado exige unidad fiscal, “unidad de Caja”. Soberanía consiste, entre otras cosas, en decretar impuestos y cobrarlos, inclusive por la fuerza

Un objetivo que ya estaba en la mente de la dirección del PSOE y que avanzaba el modelo que se impondría después con los Pactos Autonómicos firmados entre la UCD y el PSOE en julio de 1981. En pocas palabras, solucionado el problema vasco y catalán, avanzar hacia el Estado Autonómico. Para el PSOE equiparable en su finalidad a un Estado “cuasifederal”, pues faltaba la República a la que se renunciaba formalmente en el Congreso. Y desde Felipe González a Pérez Rubalcaba así fue. Pero hoy, 45 años después han cambiado las tornas en el PSOE.

El federalismo como organización territorial del Estado exige unidad fiscal, “unidad de Caja”. La soberanía consiste, entre otras cosas, en decretar impuestos y cobrarlos, inclusive por la fuerza. Y federalismo es la renuncia de la soberanía de los estados federados a favor del federal. Otra cosa muy distinta es su reparto entre la organización territorial para garantizar la solidaridad de los territorios, de manera que todos los ciudadanos perciban las mismas prestaciones públicas por igual, vivan donde vivan. Sin menoscabo que cada territorio federado cobre sus propios impuestos. Ahí está el Titulo VIII de la Constitución, la LOFCA y las leyes y decretos que la desarrollan; y el modelo de distribución interterritorial de la LOFCA por reformar desde 2009

La decisión tomada por Pedro Sánchez apostando por el pacto entre el PSC y ERC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat de Cataluña rompe con esa trayectoria. Opta por lo que apuntaba ya la disposición adicional primera de la constitución para el País Vaso y Navarra, como “derechos históricos”, pero acercándose a lo escrito en el “plan Ibarretxe”. Opta por dos modelos alternativos a la vez: uno “federal” y otro “confederal”. Este último, para País Vasco, Navarra y Cataluña, donde se rompe la “unidad de Caja”, donde los tres cobran sus impuestos y contribuyen a las limitadas prestaciones del Estado central en sus territorios mediante una negociación política. Para el resto de las 12 autonomías, se mantiene la “unidad de Caja”, mermada en este caso. Una situación que no estaba en la mente de los redactores de la Constitución de 1978.

Está por ver como arregla doctrinariamente el asunto de los “dos modelos alternativos” y materialmente el mermado reparto de los fondos entre las “autonomías del común” a las que pertenecen las baronías del PSOE en Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Madrid, Murcia y Aragón

Faltará por ver si Pedro Sánchez puede cambiar la trayectoria de 45 años de historia del PSOE. Y si es posible hacerlo con la actual relación de fuerzas políticas en el Congreso y en el Senado. De ello depende y es bastante difícil, son demasiadas normas para reformar con diferentes mayorías por conformar. Me malicio qué Pero Sánchez lo sabe. Y que ha mentido al PSC y a ERC por interés propio con un solo objetivo ya conocido: mantenerse en la Moncloa. Para ello necesita hacer varias cosas para asegurarse la silla, entre otras tres de importantes: mantener unidos sus apoyos en el Congreso; asegurar con su maniobra el “granero de votos” del PSC en el Barcelonés, la antigua Tabarnia de Ciutadans; y, sofocar la rebelión interna de los “barones” del PSOE descontentos con su decisión. Le puede salir mal la jugada y verse abocado a perder su mayoría en el congreso de los diputados o en el comité federal del PSOE.

Y le puede salir mal porque, en el primer caso, si lo dicho para Cataluña no se lo encuentran hecho los diputados de Compromís y la Xunta, los números no le salen para reformar la LOFCA; y según lo que decida Junts en su congreso adelantado del 17 de octubre, los presupuestos de 2025 puede que no le salgan aprobados. En el segundo, el gobierno de Salvador Illa ha optado por la inmersión lingüística del catalán, cuando el PSC ha heredado los votos de Ciutadans en el Barcelonés y sus votantes estaban en contra. Y en el tercero, está por ver como arregla doctrinariamente el asunto de los “dos modelos alternativos” y materialmente el mermado reparto de los fondos entre las “autonomías del común” a las que pertenecen las baronías del PSOE en Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Madrid, Murcia y Aragón. Mientras tanto, Pedro Sánchez contará y cuenta con el apoyo incondicional de la flamante “lideresa” de la sucursal valenciana del PSOE, Diana Morant, situada de espaldas a los intereses de la Comunitat y al resto de baronías socialistas. Ahí es ná¡