La ministra no se sabe la Constitución Española

La ministra de Ciencia y Universidad y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, volvió a alinearse el pasado lunes en Elx con el discurso único de Ferraz, defendiendo una financiación singular para Cataluña que solo es apoyada por los tres barones socialistas situados en el poder central del Estado por Pedro Sánchez -Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias-, y enfrentados al resto de lideres autonómicos del PSOE. Hoy por hoy, incierta una convocatoria del Comité Federal que arregle el desaguisado.

Lo contó Sergi Tarazona en ESdiario el pasado martes. “La secretaria general del PSPV-PSOE, repitiendo el argumentario de Ferraz que le deja poco margen de maniobra, en muchas ocasiones, para reivindicar lo que interesa en La Comunitat en contra de los interesas del Gobierno, ha augurado que el acuerdo entre el PSC y ERC sobre una financiación singular para Cataluña será "bueno para el resto de España". Y lo dijo una ministra del gobierno de Pedro Sánchez con absoluto desconocimiento de teoría constitucional y con absoluto cinismo añadiendo, a continuación, que “el Gobierno tiene que reconocer la singularidad de todos los territorios en ese nuevo modelo de financiación autonómica”.

Desconoce la ministra de Ciencia y Universidades que es ese un acuerdo cuyo eje más significativo, aunque no es el único, consiste en romper el actual modelo de financiación autonómico previsto en la Constitución de 1978 para que Cataluña tenga un régimen singular en el que pueda recaudar todos los impuestos, tener una agencia tributaria propia y asimilarse, factualmente, al régimen especial del País Vasco o Navarra que son los dos únicos regímenes especiales previstos por la Constitución en su disposición adicional primera.

El acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC rompe directamente el sistema de financiación de las comunidades autónomas

El tema ya se planteó en los debates en el Congreso de los Diputados en 1978 convertido en Asamblea Constituyente. Se decidió, tras consultas específicas a los nacionalistas catalanes, que Cataluña se insertaría en el régimen general que tendría que ser regulado mediante una Ley Orgánica, la LOFCA, prevista por el art. 157. 3 de la Constitución. De modo que aquello que el constituyente rechazó, igual que ha sucedido con la ley de amnistía, ha entrado por la puerta de atrás mediante un acuerdo con uno de los dos partidos golpistas, para comprar, otra vez, una investidura, en este caso la de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

El acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC rompe directamente el sistema de financiación de las comunidades autónomas previsto en la LOFCA, sujeta a criterios de revisión temporal, cuya última adaptación se ha realizado hace más de 10 años. Rompe con su fundamento legal previsto en las disposiciones de igualdad y solidaridad constitucionalmente establecidas en su art. 156.1. Y es que la igualdad y la solidaridad interterritorial quiebran profundamente cuando el criterio establecido para organizar el nuevo modelo acordado se basa en la singularidad y en la bilateralidad. Un modelo que en Elx defendió tan alegremente Diana Morant.

No es la primera vez que se ha puesto sobre la mesa tal cuestión. Ya fue Artur Mas quien lo planteó al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy bajo el relato de “España nos roba” Un relato que, según el líder de la entonces Convergencia Democrática, justificaría una singularidad restablecedora para romper la “discriminación” que afirmaba sufrir Cataluña. La negativa de Mariano Rajoy fue determinante para hacer visible la reacción de Artur Mas y su heredero, Carles Puigdemont, el denominado “procés” hacia la independencia. Recordar que éste tuvo su punto álgido en 2017 con las denominadas “Leyes de desconexión”, el pseudorreferéndum del 1 de octubre y la efímera declaración de independencia, arropadas por una kale borroka de distintas intensidades según el momento que se tratara.

Estos días Pedro Sánchez está intentando vendernos un “relato federalizante” de este acuerdo que no se corresponde de ningún modo con la naturaleza de un Estado federal. Por la forma en que se ha producido y por su contenido, está más dirigido a instaurar una confederación de facto no prevista en la Constitución. Además, cualquier reforma de las leyes orgánicas implicadas requerirían una mayoría en el Congreso de los Diputados que aun está por ver si conseguiría reunirla. Tendría que recordarle Diana Morant a Pedro Sánchez que el antiguo socio de Ximo Puig en el acuerdo de El Botanic, Compromís, ya ha manifestado que “sin el reconocimiento de la singularidad valenciana no cuenten con sus tres votos”.

Debería saber la ministra de Ciencia y Universidad que si bien es muy libre de expresar lo que desee, también debería saber que el acuerdo entre el PSC y ERC es anticonstitucional. Además, es la antítesis de todo modelo federal actual, como sería el de los Estados Unidos o el de Alemania basados en el federalismo cooperativo, en el que la colaboración y coordinación entre la Federación y los entes federados, así como entre los entes federados entre sí, es “inescindible del modelo “tal como sostiene Teresa Freixes Sanjuan, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

En ninguno de estos dos países, paradigmas del federalismo, especialmente el de la República Federal de Alemania, un modelo que tanto gusta a los socialistas españoles, el acuerdo que defiende tan apasionadamente la ministra de Ciencia y Universidades sería considerado ni federal ni constitucional. No sería aceptado que un ente federado llegara a un acuerdo con la Federación que rompiera la solidaridad, la igualdad de derechos o los principios básicos de la cooperación federal que figuran en su Constitución. Recordarle, también, que la Ley Fundamental de Bonn de 1949 fue el modelo que inspiró a los redactores socialistas de la Constitución de 1978. Repase, al menos, Wikipedia.