Dura Lex, Sed Lex

La fórmula latina “dura lex, sed lex” y su variación “dura lex sed servanda” son similares a otra máxima: “Durum est, sed ita lex scripta est”. Ésta última se traduce como “Es dura, pero así fue redactada la ley” y conserva el mismo espíritu de prevalencia de la ley escrita como forma de comprometer a los ciudadanos a su cumplimiento. Y lo que es más importante, si cabe, es la norma que los poderes públicos aplicarán por encima de su criterio personal. Lo contrario en ese caso, sería prevaricar.

El aforismo es pertinente. Hoy más que nunca, Vox continúa introduciendo en el debate público a los menores extranjeros no acompañados. Cualquier respuesta a lo que sostiene respecto a su no acogida y repatriación inmediata de los que por cualquier medio llegan a territorio español requiere conocer previamente la Ley. Y cumplirla, pese a opinar en contra. En especial para los poderes públicos. Un extremo éste que Vox parece olvidar, cuando ha formado parte de Gobiernos o forma parte aún de Parlamentos de las Comunidades Autónomas. 

Los poderes públicos autonómicos tienen la obligación de acoger a los menores inmigrantes no acompañados desde el mismo instante en que pisan territorio español, sea cual fuere el medio por el que han llegado. De inmediato no pueden ser repatriados ni expulsados. El Estado está obligado a dispensar la misma protección a los menores extranjeros que a los nacionales, ya que la condición de menor siempre prevalece sobre cualquier otra existente, de acuerdo con el art. 39.4 CE, que establece que “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Un artículo que no diferencia entre menores españoles y extranjeros.

Sin embargo, el marco normativo español relativo a la protección de los menores extranjeros no acompañados es muy complejo, dada la concurrencia de dos marcos legislativos distintos: el de extranjería y el de protección de menores. En general, el menor extranjero no acompañado presenta dos cualidades que determinan el régimen jurídico que le es aplicable: su condición de menor, con la aplicación de normas de carácter tuitivo, y su condición de extranjero, con la aplicación de normas restrictivas y limitativas de derechos y libertades.

En ese sentido, la disposición más relevante la encontramos en el art. 35 LOEx. Mientras el menor está sujeto al procedimiento que en ella y en su Reglamento se regula, los poderes públicos no pueden proceder a su expulsión sin más, tal como sostiene Vox. La norma no lo permite. En tanto resuelve la administración central del Estado, ésta obliga a proporcionarles la acogida y la protección que, como menores, la Constitución establece. A partir de ahí, las acciones que devienen de la acogida son obligaciones de los servicios sociales de cada comunidad autónoma.

En el caso de la Comunidad Valenciana, ese procedimiento viene regulado en la Ley 15/2008, de integración de personas inmigrantes y extranjeras en la Comunidad Valenciana. Ley vigente que el Botánic no derogó. Concretamente en sus artículos 39 y 40, que obligan al Consell a darles “la atención que precisen conforme a la legislación vigente en materia de protección de menores”. Y respecto a esos menores inmigrantes no acompañados, “la Conselleria competente en materia de protección de menores, adoptará las medidas de protección y asistencia que sen necesarias para garantizar su atención inmediata” …” ejercerá las funciones de asistencia, guarda y protección de menores de la misma manera que con los menores nacionales” …”se les garantiza su derecho a la escolarización”.

Sólo hay que leer los pactos suscritos por los socios de coalición en su momento. Los puntos sobre inmigración de Murcia, Castilla y León y Comunidad Valenciana no citan, en ningún caso, a los menores inmigrantes no acompañados

Vox ignora el marco legislativo. Cometió un error al justificar el abandono de los gobiernos autónomos de Aragón, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana escudándose en la aceptación por el PP, su socio, de la acogida de menores inmigrantes no acompañados. Y lo sigue cometiendo, hoy día, poniéndolo como excusa para condicionar la aprobación los presupuestos de 2025 en esas autonomías, junto a las Baleares. Sólo hay que leer los pactos suscritos por los socios de coalición en su momento. Los puntos sobre inmigración de Murcia, Castilla y León y Comunidad Valenciana no citan, en ningún caso, a los menores inmigrantes no acompañados. Y los de Extremadura y Aragón no contemplan ningún punto sobre migraciones. Como no podía ser de otra manera, la acogida de menores tenía que supeditarse a la norma por parte de los socios en obligación pública. Lo opuesto hubiera sido contrario a la misma.

Además, en la Conferencia Sectorial de Inmigración del pasado mes de julio, reunión que sirvió para “justificar” la decisión de abandonar los gobiernos autonómicos, no se votó abrir las puertas a la inmigración ilegal, salvo que Vox considere a esos menores como ilegales. Se votó exigir al gobierno de Pedro Sánchez el desarrollo de una política pública que evitara el descontrol de los flujos migratorios, hoy sin precedentes en España. Y exigirle que, si tiene que cumplir con lo acordado por la anterior Conferencia respecto al traslado a la península de cierto contingente de menores, antes hay que hablar de los recursos necesarios. Pues es competencia de la administración central del Estado aportarlos.

Por ello, es difícil entender la negativa de Vox a la acogida, acompañamiento e integración de menores extranjeros no acompañados. Hecho sujeto a la Ley y asignado, en procedimiento, a diferentes administraciones públicas según competencias. Como también es difícil comprender, y en absoluto compartir, su utilización como excusa para romper gobiernos de coalición tal como hizo el pasado mes de julio. Otras razones tendrían para llevarlo a cabo. Entre otras, las influencias de sus nuevos socios europeos y sus posiciones políticas. Seguramente habría que buscarlas en Budapest.