Al gobierno de Pedro Sánchez no le interesa la justicia valenciana

A los abogados y procuradores nos es difícil explicar a nuestros representados las dificultades procesales con que tropiezan sus causas en la Administración de Justicia. Meses o años de instrucción y señalamientos alejados de su inicio, o actualización de caras minutas por moras procesales. Situaciones que encarecen los procedimientos y causan un perjuicio añadido a las demandas o imputaciones que les afectan. Y es que, sin una Administración de Justicia rápida y eficaz, difícil es el ejercicio de la profesión y obtener, si cabe, la confirmación por sentencia de lo que es del cliente en Derecho. ¿Como explicárselo? He ahí el problema.

Los profesionales que operamos en la Administración de Justicia valenciana sabemos quién tiene la culpa. Sabemos de sobra que es del Ministro de Justicia, dado que es competencia suya procurar la creación de unidades judiciales en la Comunidad Valenciana que compensen, entre otras, la carga de trabajo de juzgados, tribunales y audiencias provinciales, y acabar con la desigualdad en el régimen de retribuciones entre los funcionarios según territorios. Y mientras, Félix Bolaños dedica su tiempo a viajar a Waterloo para convencer al prófugo Puigdemont que mantenga el voto favorable al gobierno del que forma parte. Dejando de ocuparse de lo que nos debe a los valencianos.

¿Qué sabe el Ministro de Justicia que sabemos todos? Según los datos presentados en la reciente Memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al final del 2023 había 382.717 causas abiertas. 

En el primer trimestre de 2024, el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales valencianos fue de 216.271, un 20% más en comparación con el mismo periodo anterior. En ese trimestre, los tribunales valencianos resolvieron 197.499 asuntos, un 16,8% más. Y lo que es más importante: al final del primer trimestre los asuntos que quedaron en trámite final ascendieron a 401.494; lo que significa, de media, unos 200 mil valencianos afectados, con un periodo medio cercano a los cinco años para que sus causas sean vistas para sentencia. Con un coste personal de nuestros representados, de los operadores jurídicos, incluidos los del turno de oficio, que graban sus bolsillos particulares y de la Hacienda Pública. Si fuera mejor su acceso, su coste disminuiría.

Pero además, y es lo importante, ese escenario afecta a un derecho constitucional básico, el que nuestros conciudadanos tengan acceso a una Administración de Justicia en la Comunidad valenciana como un servicio público rápido y eficaz. Y eso para el gobierno de Pedro Sánchez parece que no sea importante cuando es conocedor de sobra de las carencias que padecemos. Solo tiene que leer, insisto, las memorias del TSJ que año tras año le advierten de las deficiencias a cubrir por el Ministerio de Justicia. Unas reclamaciones que la ventanilla correspondiente de Madrid, la suya, no atiende. Una reclamación que forma parte de los agravios que sufrimos los valencianos.

Para que los valencianos dispongamos de la Administración de Justicia que realmente merecemos, y los operadores jurídicos podamos hacer nuestro trabajo en beneficio del derecho que asiste a nuestros clientes, el actual gobierno de Pedro Sánchez debe a la Comunidad la creación en el TSJ -CV de 7 plazas de jueces y magistrados, y 11 plazas en las Audiencias Provinciales, 3 en Alicante, 1 en Castellón y 7 en Valencia. También debe crear nuevas plazas estructurales para funcionarios de la Administración de Justicia y terminar con la temporalidad e inestabilidad, a la par que se pueda dar una respuesta más ágil a la sobrecarga que sufren las Oficinas Judiciales con más de un 300% de sobrecarga.

Sabe también el Ministro Bolaños, y por ende el gobierno de Sánchez, que es necesario desarrollar la carrera profesional de funcionarios de la Administración de Justicia, conforme a la reforma llevada a cabo por su mismo gobierno en 2018, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para tal fin, a día de hoy sin desarrollar, dejando atrás de una vez por todas los parches negociados anualmente para cubrir interinamente las plazas necesarias de las Oficinas Judiciales y terminar, de una vez por todas, con la inestabilidad e inseguridad que ello supone. Y eso sin olvidar la necesidad de dignificar el trabajo de los funcionarios exigiendo para ellos una retribución justa, pues dependiendo de la CCAA en la que se encuentren su retribución es una u otra. Y el ministerio de Justicia del gobierno de Sánchez lo consiente.

Pero lo más importante es la falta crónica de órganos judiciales que la Comunidad Valenciana padece. Y lo sabe. Hacen falta 88 órganos judiciales nuevos cuya creación depende únicamente del Ministerio de Justicia.

Finalmente, los operadores jurídicos valencianos no podemos dejar de exigir al gobierno de Pedro Sánchez una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que permita la creación de salas desplazadas de lo Social y lo Contencioso Administrativo del TSJ -CV en Alicante. Se trata de una reivindicación histórica de los profesionales jurídicos de la provincia. Les facilitaría indudablemente su labor diaria, mejoraría los tiempos de respuesta, descargaría las salas de lo Social y Contencioso Administrativo del TSJ-CV de Valencia, a la par que se cumpliría con el principio democrático esencial de acercar la Justicia a los ciudadanos. Una opción que ya existe en Andalucía, Galicia y Castilla y León. Y de todo ello es acreedora la Comunidad Valenciana frente al gobierno de Sánchez, que tiene olvidada a nuestra Administración de Justicia. Para abogados y procuradores, todo un despropósito.