Robles, Marlaska y el Ejército

La magnitud de la tragedia en la provincia de Valencia causada por la DANA del pasado día 29 es tan inmensa, que solo cabe agradecer la ejemplar solidaridad del pueblo valenciano, de los pueblos de España en todas sus formas, y permanecer en el silencio. Sin embargo, hay declaraciones difíciles de pasar por alto y no comentar. Una de ella es las efectuada el jueves pasado por la ministra de defensa del gobierno de España, Margarita Robles, respecto al deseado despliegue del ejército en el ”escenario de guerra” de la tragedia. Un escenario terrible, causado por el impacto de la arramblada del barranco del Poyo y del río Magro en las poblaciones a su paso, principalmente en l´Horta Sud y Oeste. Los efectos de un tsunami, mucho más de lo que fueron las tragedias de 1957 y 1982.

Sostiene la ministra Robles que el presidente Mazón no solicitó la intervención del Ejército hasta 48 horas después del impacto de la tragedia en la noche del martes, cuando las fuerzas armadas a su mando estaban preparadas desde el primer momento. Y lo hace en modo de reproche. ¿Por qué no se lo hace a Fernando Grande-Marlaska? ¿Por qué el ministro de Interior no lo solicitó? Perfectamente lo podía haber hecho según las competencias que le atribuye la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en los supuestos de su art. 33? Para ello tenía que haber declarado la situación de emergencia que prevé la misma norma, pero no lo hizo. ¿A qué viene, entonces, echarle las culpas a otro y escurrir el bulto?

Bien es verdad que, y según la misma norma, también podrían haber solicitado la situación de emergencia nacional al gobierno de España, reunido en expectante Gabinete de Crisis,  Mazón y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno. Pero ante el alcance y la magnitud de la tragedia, la Ley 17/2015 facultaba a Grande-Marlaska tomar la iniciativa, lo que hubiera ahorrado Robles esa espera. Marlaska debería explicar por qué no lo hizo, más allá de su declaración de que si no lo hizo era para no invadir “las competencias" de Mazón. Con esa apocalíptica situación en L' Horta Sud, ¿no era el tipo de emergencia nacional prevista para que el ministro de Interior activara lo que le facultaba la Ley 17/2015? Un debate que transciende el meramente jurídico.

¿A qué viene, entonces, echarle las culpas a otro y escurrir el bulto?

En asuntos tan serios no se puede caer en la frivolidad. No se puede escurrir el bulto y echarle las culpas al Consell, tal como denunció acertadamente su portavoz Ruth Merino al conocerse las declaraciones de la ministra de Defensa. Mas aún, cuando la reunión de los presidentes Carlos Mazón y Pedro Sánchez el jueves por la mañana dio paso a una situación nueva en el contexto de la Ley 17/2015, el de la corresponsabilidad entre ambas administraciones. Se acordó entre ambos seguir en la situación de emergencia prevista en la Ley 9/2002, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat, que asigna la responsabilidad de las decisiones al Mando Único constituido por la consellera de Interior, Salomé Pradas, el martes al mediodía, que no al Gabinete de Crisis del gobierno de España, pero que el Consell puede solicitar al gobierno de España ayuda complementaria para hacer frente a la emergencia.

En ese contexto acordado entre ambos presidentes se produce la petición inmediata de ayuda complementaria de medios a la que se refiere la ministra de Defensa. No podía haberlo hecho antes el Consell. Ayuda complementaria que da lugar a la presencia del ministro de Interior,  Marlaska, en el Mando Único. De inmediato, el jueves se produce el despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y concretamente del ejercito dependiente de Robles. Se excluía la responsabilidad y se aceptaba el agradecimiento.

Quiero recordarle que la delegada de gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, a las 15:21 horas del 29 de octubre comunicó que desde el Consell se había solicitado la intervención de la UME en la Plana de Utiel. Solicitud cursada después de haber constituido con anterioridad el Mando Único la consellera de Interior, según las competencias que le atribuye la ley 9/2002, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de La Generalitat. En él participó desde el primer momento la delegada del Gobierno de España y el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, con los medios a sus órdenes. Mando Único al frente del cual relevó al final de la tarde del martes el presidente Mazón a la consellera Salomé Pradas.