El PP culpa al alcalde y a dos asesores de las "irregularidades" en Comercio

Los populares llevaron primero ante la Fiscalía Anticurrupción y luego al Juzgado varios contratos del área de Comercio del Ayuntamiento de Alicante que habían sido presuntamente fraccionados para poder ser adjudicados de "forma directa" y "arbitraria", según el PP que lidera Luis Barcala. El alcalde Gabriel Echàvarri siempre ha quitado importancia a lo sucedido y lo considera "una mera irregularidad administrativa. Sin embargo, el PP considera que ha habido una posible prevaricación y acusa al primer edil y a dos de sus asesores. Por tal motivo se abrieron dos comisiones de investigación que según el PP les da la razón.

Este viernes el PP dio a conocer sus conclusiones tras la investigación abierta. Luis Barcala explica en el escrito presentado que “ha sido acertada nuestra decisión de denunciar ante el Juzgado estos hechos y al alcalde de Alicante en concepto de autor material, toda vez que es la persona que procede a la firma y autorización de las facturas consumando el presunto fraccionamiento de los contratos, tal como él mismo reconoció durante el transcurso de las sesiones de la comisión”.

Además, “se ha hecho evidente la intervención del jefe de gabinete de Alcaldía y del asesor de Comercio en calidad de cooperador necesario, en tanto el presunto fraccionamiento de contratos no hubiese sido posible sin la participación de ambos”. “Esta participación ha sido reconocida por los dos en la comisión, excediéndose en mucho de sus funciones previstas en el ROP y, por este motivo, solicitamos el cese inmediato de ambos asesores”, ha señalado. Sobre este asunto, Esdiario intentó ponerse en contacto con el alcalde sin conseguirlo. Desde su Gabinete de Prensa se afirmó que el primer edil estaba de baja por una intervención quirúrgica.

Límite de 18.000 euros

Barcala subraya “el hecho de que sabían los límites de 18.000 euros para poder contratar directamente, y reconocer que se había negociado imponiendo esa limitación, demuestra la existencia de 'dolo', es decir, saber que es irregular lo que se hace, y aún así hacerlo para conseguir el efecto pretendido (gastar los cerca de 200.000 euros antes del 31 de diciembre””.

Barcala: "Nos reafirmamos en nuestra decisión de denunciar a Fiscalía, primero, y al Juzgado, en un segundo momento, por apreciar la existencia de un presunto delito de prevaricación"

El PP recuerda que “se han celebrado dos sesiones de esta comisión, el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2017 y, después de ser oídos todos los implicados, nos reafirmamos en nuestra decisión de denunciar a Fiscalía, primero, y al Juzgado, en un segundo momento, por apreciar la existencia de un presunto delito de prevaricación, en tanto concurren todos los elementos que exige este tipo penal”.

En las sesiones de la comisión de investigación se ha podido comprobar que “la aprobación de las facturas, casi en exclusiva (18 de las 25 facturas), fue realizada por el alcalde quien, a estos efectos y en defecto de expediente alguno de contratación, es quien realiza directa y personalmente o a través de personal de su confianza, los contratos. Y así lo reconoció el propio señor Echávarri”.

Además, “se conculca la prohibición del vigente art. 86.2 T.R.L.C.S.P. de fraccionamiento de contratos, al menos en 13 de las 25 facturas afectadas, entre las que se aprecia una misma unidad funcional que obligaba a formalizar un solo contrato, más aún cuando se contrata con la misma empresa y en fechas muy próximas”.

El PP dice que “la aprobación de las facturas, casi en exclusiva (18 de las 25 facturas), fue realizada por el alcalde"

El PP dice que “la aprobación de las facturas, casi en exclusiva (18 de las 25 facturas), fue realizada por el alcalde"

Por otra parte, los populares advierten de que “hay una ausencia de competencia en la tramitación de la contratación desde el momento en el que dicha contratación la realiza el personal eventual de confianza que carecen de competencia y capacidad para contratar”. “Así lo reconoció el propio asesor de Comercio que era él quien se ocupaba, entre otras tareas, de encargar (contratar verbalmente) los trabajos que resultasen necesarios previo visto bueno del concejal del área (entonces el alcalde Echávarri)”. Incluso, el Jefe de Servicio de la Concejalía de Comercio, ahora destituido, “confirmó este extremo al admitir que todas las contrataciones le llegaban por este asesor, prescindiendo de los técnicos en la mayoría de facturas”.

Ningún expediente

El Grupo Popular advierte en su escrito de conclusiones de la comisión de investigación del presunto fraccionamiento de contratos de Comercio que “se produce una absoluta ausencia de trámites esenciales del procedimiento ante la inexistencia de expedientes tramitados para cada uno de los 25 contratos menores suscritos”. También se ha constatado que “no existe abierto ni un solo expediente en el área de Comercio en el que constara la necesaria documentación previa para poder proceder a la contratación”.

Y el jefe de servicio explicó que los técnicos “no habían participado en 22 de los 25 contratos emitidos, y solo tuvieron conocimiento de éstos cuando entraron las facturas correspondientes en el registro de facturas”. Fue el propio asesor de Comercio, según reconoció, “quien negoció incluso algunos de los precios para conseguir rebajas en el precio de los servicios que se contrataron, nunca por escrito sino verbalmente”.

Además, “sólo el hecho de evitar su tramitación ordinaria justifica el fraccionamiento, algo que se deduce de las declaraciones del jefe de gabinete de Alcaldía y del asesor de Comercio que sabían que los contratos que realizaron no podían superar los 18.000 euros (límite para eludir la convocatoria de un concurso público)”.

El PP hace mención al hecho de que “se ha vulnerado el principio libre competencia impidiendo de esta forma que otras empresas pudieran haber concurrido y licitado a los servicios”. “Ello redunda, finalmente, en un perjuicio para las arcas públicas ya que, aunque se afirme que los precios de contratación son precios de mercado o que eran precios rebajados gracias a la negociación del asesor de Comercio, resulta obvio que, en un marco de libre competencia, los mismos podrían haber sido mejorados suponiendo un ahorro para las arcas municipales”, concluyen los populares.