La Generalitat pone contra las cuerdas a la alcaldesa del "casoplón" ilegal

Desde que saliera a la luz, con todo tipo de documentos e imágenes, la irregular ampliación que la primera edil de Alcalalí, Maribel Molina, de Compromís, realizó en su vivienda, los acontecimientos no han dejado de sucederse.

Primero, iba a ser el propio concejal de Urbanismo, Alejandro Romá, quien mediante un informe certificara y reconociera que Molina había realizado las obras en su domicilio sin la licencia pertinente y en terreno prohibido. En el mismo documento, el también edil de Compromís, y primer teniente de alcalde, afirmaba que el delito había prescrito. MÁSportal, en una nueva entrega, con fotografías aéreas fechadas y documentación oficial, cuestionaba lo declarado en ese “sospechoso” y aparentemente partidario documento.

Este caso fue remitido al Síndic de Greuges, por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista(PSPV) en el Consistorio, Bernardo Ferrer. Una vez recibida la documentación, este organismo, solicitó a la alcaldesa la entrega de todo el informe relacionado con la presunta ampliación de su vivienda o cualquier otro documento en el que se pudiera hacer referencia a algún precedente al respecto.

Lejos de atender los requerimientos, la alcaldesa dijo no tener constancia de las obras en su domicilio. Y en este sentido, Molina afirmaba que “no existe ningún documento de este tipo”.

Pero la realidad es tozuda y Bernardo Pastor (PSOE) facilitaba toda la documentación correspondiente al Síndic, que emitirá su pronunciamiento sobre estos hechos en breve.

La Dirección  de Territorio y Urbanismo toma cartas en el asunto

El cerco a la alcaldesa de Alcalalí por parte de distintos organismos es cada vez más abrumador. Ahora, la Dirección General de Territorio y Urbanismo ha decidido tomar cartas en el asunto y, como pueden comprobar nuestros lectores con el documento que les mostramos, exige a Maribel Molina toda la documentación existente sobre la presupuesta irregular ampliación del domicilio de la primera edil. Todo apunta a que por fin tendrá que dar explicaciones legales y políticas al respecto.

A la espera de un pronunciamiento de la primera edil, hay cierta expectación sobre cuál será la respuesta de Molina a esta orden. Lo que sí es evidente es que, esta vez, a la dirigente de Compromís no le valdrá la poco creíble respuesta aportada al Síndic de Greuges, “lo desconozco”, ya que desde la propia Generalitat está en posesión de numerosos documentos en los que queda aparentemente demostrado el supuesto delito urbanístico.

La denuncia de este caso ha partido del grupo socialista. Los populares mantienen una posición reservada.