El retraso en el pago de las grandes empresas a las pymes hipoteca su futuro

El Observatorio Económico de la Provincia de Alicante ha realizado un Informe sobre la Morosidad en las empresas, en el que alerta de las graves consecuencias que tiene para la economía española, y por supuesto en la alicantina, el retraso en los pagos de las grandes empresas a las pymes. Estamos hablando de un impacto económico en España de 12.000 millones y de 376 millones en la provincia (Alicante representa el 3,1% del PIB).

Pero el dato más revelador que destacaríamos, teniendo en cuenta el problema crónico del paro que sufre el país, es la repercusión que tiene en el empleo esta situación anómala. Si realmente se cumplieran los plazos en estos pagos, desde el Observatorio se asegura que el aumento potencial de empleo en el sector privado «sería de 158.000 puestos de trabajo en España y de más de 30.000 en Alicante».

El retraso en los pagos por parte de de las grandes compañías, superiores a los 60 días que marca la ley, provocan situaciones de asfixia financiera a las pequeñas empresas y empujan a éstas a una incertidumbre que penaliza la creación de puestos de trabajo. Además, dañan su patrimonio porque en ocasiones deben acudir a la financiación externa (por ejemplo para pagar nóminas de trabajadores) a la espera de recibir el pago, con lo que se generan intereses que dañan la viabilidad de la pyme.

El estudio realizado por el Observatorio Económico de Alicante, informe encargado por la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), pone de relieve la grave distorsión que este retraso supone en la economía nacional y en la local.

Según los datos obtenidos a través del estudio de las memorias de las empresas del IBEX 35 y de las empresas más importantes del Mercado Continuo podemos observar cómo la mayoría de firmas trabajan con contratos que exceden los plazos legales de pago.

Las empresas constructoras son las que más se retrasan en el pago a las pymes

Entre las empresas que más exceden su periodo de pago, desde este diario hemos comprobado que destacan los grupos constructores, excediendo de manera muy notable la Ley de Morosidad que fija el periodo de pago en 60 días. Dichas empresas exceden el plazo hasta en 500 días superando con creces la Ley, lo que conlleva que las empresas de menor tamaño hayan de pedir créditos y tengan problemas graves de liquidez que provoca la asfixia de estas, corroborando lo que se plantea en este informe. En el siguiente cuadro se exponen alguno de las situaciones más llamativas, como por ejemplo Ferrovial, que paga de media a 536 dias, y cobra a 34.

Durante el estudio de las empresas se ha observado que muchas de ellas “esconden” en la medida de lo posible dichos datos y que algunas de ellas calculan su periodo medio de pago de una manera distinta al que impone la Ley de Morosidad para así obtener valores inferiores a los reales.

A pesar de la imposición de la nueva Ley de Morosidad, dichas empresas siguen aumentando el periodo de pago año tras año. Cabe destacar que la Ley ha conseguido que muchas otras empresas se adapten a la nueva Ley y reduzcan el periodo de pago situándolo en términos legales, es decir, dentro de los 60 días.

Lo que fija la ley

Hace años eran las administraciones públicas las que tardaban mucho en pagar. Y fue la Ley Morosidad de 2004 -que regula los plazos e, incluso, obliga a estas a liquidar intereses-la que estableció los periodos de pago tanto para el sector privado como para el público.

En las administraciones, el periodo medio de pago es de 71 días, «muy lejano al de los 30 que marca la ley». Y el del sector privado se sitúa en 77 días. «Pese a que este seha reducido en ocho días sobre 2015, todavía se superan los 60 establecidos por la Ley 3/200», según se asegura en el informe, que también se ha basado en los resultados de encuestas de entidades a nivel nacional como Crédito y Caución, Iberinform y el IE BussinesSchool o la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Los economistas denuncian en su informe que «se da la paradoja de que grandes mercantiles que resultan adjudicatarias en concursos públicos -y la mayoría subcontrata a pymes- cobran de las administraciones en unos plazos bastante ajustados, mientras que ellas alargan sus periodos de pago con las pequeñas empresas, lo que estrangula a estas empresas, que sin embargo siguen trabajando con ellas porque depende su futuro económico. Es la pescadilla que se mueve la cola.

Los impagos amenazan la supervivencia del 13% de las empresas, según el informe realizado por el Observatorio

Estas grandes empresas suelen jugar con los plazos de pago y este dinero suelen utilizarlo como herramienta de su política financiera. Si no lo hicieran, según este estudio, “beneficiarían al empleo”.

El estudio recoge algunos de los datos de las encuestas de las fuentes consultadas sobre la situación actual de la morosidad en España. Y, entre otros, se destaca que «los impagos amenazan la supervivencia del 13% de las empresas”

La solución

El Observatorio Económico de la Provincia de Alicante plantea propuestas para corregir esta situación. Indica la posibilidad de que «se produzca una liquidación automática de intereses de demora en la siguiente factura en el sector privado por imperativo legal» que se emita a la firma que ha pagado fuera de plazo. También plantean que en los concursos públicos se pueda fijar algún tipo de baremo para premiar a aquellas grandes empresas que pagan dentro del plazo marcado por la Ley.