Polémica en plena Volvo: el TSJ acepta la demanda de Marmarela contra el Puerto
Los responsables de Marmarela confían en que los juzgados de Alicante también acepten el contencioso-administrativo contra el decreto de cierre de la concejalía de Urbanismo.
La disputa judicial comienza en plena Volvo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido el recurso presentado por la mercantil Puerta de Mar y Ocio contra la Autoridad Portuaria de Alicante, por dar por finalizada la autorización de ocupación del espacio portuario del complejo Marmarela el pasado 24 de abril, lo que posteriormente propició el decreto de cierre del pasado mes de septiembre por parte del ayuntamiento.
El TSJ da un plazo de 20 días a la Autoridad Portuaria para que le remita todo el expediente administrativo, y un plazo de cinco días para que presente las alegaciones contrarias a las medidas cautelares que Marmarela solicita en el contencioso para mantener sus instalaciones en la dársena interior mientras se resuelva el pleito judicial.
Entre los argumentos de la demanda, los responsables de Marmarela recuerdan que aunque el plazo de la autorización de los espacios portuarios del complejo (muelles 12 y 14) comenzó el 24 de abril de 2014 y se podía prorrogar durante tres años, (como así se hizo por parte de los anteriores y los actuales responsables del puerto), el plazo real de ocupación no comenzó, de forma provisional, hasta que el 17 de junio la Guardia Civil desalojó el puesto de control que mantenía en la zona, y de forma definitiva, hasta que terminó la última edición de la Volvo Ocean Race y el ayuntamiento concedió la licencia definitiva de actividad a la mercantil en diciembre de ese mismo año.
Estos argumentos no sólo fueron desestimados por la Autoridad Portuaria de Alicante, sino que, a requerimiento del concejal Miguel Ángel Pavón, emitió un informe en julio ratificando que la autorización ya había vencido, e ignorando el acuerdo ya alcanzado con la Generalitat para que el complejo, sin cambio alguno de condiciones de la actividad, pasara a formar parte de la oferta del denominado village de la próxima Volvo Ocean Race, lo que le permitía a la mercantil seguir prestando los mismos servicios que había venido realizando en los últimos tres años.
En las condiciones del acuerdo, que también conocía y fue omitido por el ayuntamiento en su decreto de cierre, queda claro que la Generalitat tiene la autorización de ocupación de los espacios necesarios para la organización de la VOR desde el 15 de mayo, pero como las instalaciones de los muelles 12 y 14 son propiedad de Marmarela, la Generalitat firma un contrato con Marmarela diez días después, para que no desmontara las instalaciones y siguiera con su actividad bajo el compromiso de adecuar el espacio para la promoción de la regata y acoger el servicio de recepción y catering para invitados y equipos participantes, como así se estaba haciendo hasta el decreto de cierre.
Este acuerdo, además de permitir a la mercantil seguir explotando el complejo, ahorraba a la administración valenciana un desembolso calculado en más de 300.000 euros.
Los responsables de Marmarela confían en que los juzgados de Alicante también acepten el contencioso-administrativo contra el decreto de cierre de la concejalía de urbanismo, que presentaron días después de la demanda al TSJCV, ya que el decreto se basaba en la supuesta ausencia de autorización de ocupación del espacio portuario que ya está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.