Una amenaza pone en cuestión la seguridad en los juzgados

A primera hora de esta mañana se ha producido el desalojo preventivo del Palacio de Justicia de Alicante, debido a una amenaza de bomba que finalmente ha resultado ser falsa. Una medida que se ha tomado en el vetusto edificio de Benalúa y también el situado enfrente y que acoge los juzgados de lo Social, lo Mercantil y de Vigilancia Penitenciaria, además del Registro Civil. La llamada, recibida en el 112 era por amenaza genérica de atentado, sin precisar el inmueble concreto. Todo el personal que se encontraba en las instalaciones ha sido evacuado, mientras la Guardia Civil inspeccionaba las instalaciones con la ayuda de la unidad canina.

A pesar de la alerta inicial y de los momentos de preocupación vividos entre trabajadores y usuarios, pasadas las 10 de la mañana se decretaba el fin del desalojo y el regreso a la normalidad, tras certificarse que se trataba de una falsa alarma.

Sin embargo, el incidente dejaba al descubierto las carencias en materia de seguridad en uno de los edificios públicos más transitados de la ciudad. Según diversos testimonios recogidos por este diario, los controles al recinto presentan carencias significativas. Así lo manifiesta un abogado que desde hace veinte años acude cada semana al edificio: “En San Vicente del Raspeig, por ejemplo, siempre tienes que mostrar tu carnet profesional, pero aquí no te lo pide nadie”. En el acceso principal de los juzgados existe una barrera de seguridad y un escáner de análisis de objetos pero “en muchas ocasiones, sobre todo a partir de las dos de la tarde, entras con tu maletín en la mano sin que nadie te diga nada”, explica una letrada que añade; “es una seguridad más aparente que real”.

Los problemas de seguridad en edificios judiciales no son sin embargo exclusivos de Alicante. Ya en la Memoria correspondiente al ejercicio 2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se alertaba de las deficientes medidas, en algunos casos prácticamente inexistentes, en juzgados de localidades como Mislata, Segorbe, Vila-Real, Massamagrell, Alcoi o La Vila Joiosa. El reciente incendio en la Ciudad de la Justicia de Valencia puso también de manifiesto la escasa preparación de los juzgados para prevenir incidencias de seguridad.

Condenas de un año de prisión por hacer un falso aviso

Comunicar una falsa amenaza de bomba puede acarrear una condena para su autor de hasta un año de cárcel, según el artículo 561 del Código Penal. Este artículo, estipula que "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses".