Benidorm no cede y no recusará a los funcionarios y políticos que pidió Ortiz

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, hará oídos sordos a la petición formulada por el empresario alicantino Enrique Ortiz para que sean recusados funcionarios y políticos en el expediente para resolver de mutuo acuerdo el contrato de concesión de la Estación de Autobuses.

Ortiz había pedido el pasado 11 de diciembre la abstención y recusación “de las autoridades y funcionarios que hayan profesado su enemistad manifiesta” hacia su compañía o sus directivos a la hora de dar por finalizado el contrato de gestión de la instalación. Ortiz, incluso, daba quince días de plazo para que los concejales y técnicos renunciaran voluntariamente o bien que fuera el alcalde quien tomara la medida.

Pues no será ni abstención ni recusación. Tras el informe emitido por el secretario municipal el día 5 de este mes, el alcalde ha resuelto “desestimar la petición” formulada por el representante de la Estación de Autobuses.

Las razones que esgrime el secretario municipal, y que han sido recogidas en el decreto del alcalde, se fundamentan, en primer lugar, en que tanto la abstención como la recusación “ha de plantearse para personas concretas y por causa específica”, algo de lo que adolece la solicitud de Ortiz. En segundo lugar, el secretario aduce en su informe que el escrito presentado por la mercantil “se limita a hacer afirmaciones más o menos genéricas respecto de personas no determinadas y concretas”. En resumen, que ni se conoce a qué personas habría que recusar ni los motivos por los que tomar tal decisión.

De hecho, el informe advierte que si el alcalde decidiese la recusación por enemistad manifiesta, ello supondría la realización de un juicio de valor subjetivo “que estaría preñado de prejuicios y condicionantes personales e incluso políticos”.

Por si estos motivos para rechazar la petición no hubieran quedado claros, el secretario subraya que el planteamiento del interesado debe justificarse debidamente, otro aspecto que tampoco concurre en la solicitud. Lo mismo ocurre con la identificación de las personas –los funcionarios y políticos que deberían ser recusados-, que debe hacerse “con nombres y apellidos” al tiempo que también habría que detallar unos hechos objetivos que certifiquen esa posición de enemistad.

En ese sentido, en el informe se aclara que “cualquier disconformidad o discrepancia de parecer” entre las partes no puede ser entendida como enemistad, sino que ésta debe ser “clara, conocida, pública y acreditable”.

Todos esos argumentos han sido tenidos en cuenta por el primer edil de Benidorm para rechazar la petición de Ortiz, la cual tiene su origen en un pleno en el que se debatía la aprobación de los pliegos de condiciones para dar cumplimiento a un convenio entre las partes para legalizar la estación de autobuses y volverla a licitar. Conviene recordar que la infraestructura cuenta con varias infracciones urbanísticas desde su construcción que no han sido solventadas todavía.

En aquel pleno el expediente quedó sobre la mesa tras un informe del interventor que cuestionaba otro informe sobre la valoración del inmueble realizado por el arquitecto municipal. Según Ortiz, a partir de aquel momento se sucedieron otras actuaciones “igualmente ilegales y dañinas” para el concesionario, lo que le motivó para anunciar acciones legales, porque en su opinión el Ayuntamiento sólo buscaba retrasar o impedir la nueva licitación del servicio.