Un conflicto interno pone en jaque el expediente de la estación de autobuses

La guerra abierta entre la Secretaría Municipal y el departamento de Intervención en el Ayuntamiento de Benidorm, personificada en sus dos máximos responsables, puede provocar que el espinoso expediente de la Estación de Autobuses siga sin resolverse a pesar de los mandatos judiciales. En esta ocasión, un informe de Intervención y otro del secretario vuelven a evidenciar las profundas diferencias entre ambos departamentos municipales, que está afectando a no pocos expedientes.

Y es que el próximo lunes el pleno debe votar la liquidación del contrato de gestión de la Estación de Autobuses -que fue adjudicado en 2002 a una mercantil del empresario alicantino Enrique Ortiz- y el inicio de la nueva licitación. Pero la existencia de esos dos informes podría propiciar que el punto se quedara sobre la mesa a pesar de que el objetivo final es dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 2007. Ya ha llovido.

Aquella sentencia obligaba a licitar de nuevo la infraestructura, para lo cual era necesario dar por finalizado el actual contrato. Conviene recordar, no obstante, que la construcción que realizó Ortiz distó mucho de lo que inicialmente figuraba en el proyecto. Así, por su cuenta y riesgo y sin el necesario control municipal, el empresario se excedió en la edificabilidad del hotel proyectado e hizo lo propio con la superficie comercial planteada. Y fue a partir de ahí cuando surgieron los problemas posteriores con la legalización de las infracciones, el canon anual que nunca ha abonado al Ayuntamiento, etc.

Una mercantil de Enrique Ortiz se excedió en la edificabilidad del hotel proyectado e hizo lo propio con la superficie comercial planteada.

El caso es que para liquidar el contrato es necesario establecer primero la compensación a la empresa por las obras realizadas. El gobierno local mantiene que a Ortiz le corresponde ingresar 29,7 millones de euros más IVA. De ellos, 27,2 millones corresponden al valor de la obra adjudicada y explotada y otros 2,5 millones a la parte de la obra que se hizo sin licencia y que no pudo ser explotada. Es decir, la parte ilegal. Sin embargo, a los 29,7 millones hay que descontar las obras ya amortizadas en los diez años que la infraestructura lleva en funcionamiento y el canon anual que Ayuntamiento tiene que ingresar y que la empresa nunca ha pagado, por lo que la cuantía final a entregar a Ortiz “se reducirá sensiblemente”, según ha explicado la concejal de Contratación, Lourdes Caselles.

La edil también ha aclarado que el montante que haya que abonar a la empresa se hará efectivo una vez adjudicado el nuevo contrato y “siempre y cuando sea una nueva la que asuma la gestión y explotación de las instalaciones”.

Pero durante el pleno del lunes, tanto el gobierno como los grupos de la oposición deberán tomar en consideración los dos informes emitidos hoy a este respecto a los que aludíamos al principio de la información.

Por un lado, un informe de Intervención firmado por el interventor y tres técnicos del departamento, al que ha accedido Esdiario, sostiene que procede declarar la resolución del actual contrato, pero para ello establece dos opciones. “La eliminación física de todo lo ilegalmente construido” o “el mantenimiento de las instalaciones”, las cuales deberían valorarse “de cara a compensar al contratista de los gastos soportados por las construcciones” que retornarán al Ayuntamiento.

En ese sentido, el documento señala que la valoración adecuada de la compensación puede realizarse “partiendo de la tasación ya aprobada en el pleno” o “realizando una tasación expresa de lo realmente entregado en el estado en que se encuentra a fecha de hoy”. Es decir, habría que realizar una nueva tasación. Como si fueran pocas las que se han hecho hasta ahora. Posiblemente se trate de la infraestructura más tasada de la historia. Pero en ninguno de los casos ha llovido a gusto de todos.

Una vez se haya resuelto el actual contrato de gestión y fijado el valor de las instalaciones, el departamento de Intervención estima que debería procederse a la nueva licitación, para lo cual, en su opinión, habría de tramitarse un contrato de concesión de servicio respecto de la propia Estación, y otro contrato respecto de la gestión de la zona comercial. De hacerse así, considera el interventor, “se entendería adecuadamente cumplida la sentencia”.

El secretario califica de “confusas y en ocasiones contradictorias” las reflexiones hechas por el interventor

Sin embargo, este informe de Intervención ha sido muy duramente contestado por otro informe del secretario municipal que echa por tierra buena parte de sus consideraciones. En este informe, al que también ha tenido acceso ESdiarioCV, el secretario califica de “confusas y en ocasiones contradictorias” las reflexiones hechas por el interventor. Eso para empezar.

El secretario opina que el documento de Intervención “más parece un conjunto de opiniones personales” y que “carece del necesario rigor y fundamento jurídico”. Pero además también critica los aspectos numéricos que se recogen en el mismo para afirmar que “da la impresión de que no se han utilizado iguales criterios” y que “desconoce e ignora los acuerdos que ha tomado el Ayuntamiento” sobre el expediente.

A modo de conclusión, el alto funcionario opina que el informe del interventor “debe ser desestimado en sus consideraciones por indebido en su formulación” y añade que “además de falto de justificación en su fundamentación” su aplicación podría suponer un “alto riesgo para el interés público municipal por cuanto podría resultar gravemente dañino al presupuesto municipal”, amén de advertir sobre las “previsibles consecuencias” de las reclamaciones en curso y las que se puedan plantear en el futuro.

Desde el equipo de gobierno local han señalado a ESdiarioCV que en principio el punto será debatido a la vista de los informes, aunque no descartan que algún grupo de la oposición pueda pedir que el mismo se quede sobre la mesa.