Benidorm aplaza la liquidación del contrato de Ortiz en la estación de autobuses

Pocas veces ha ocurrido en esta legislatura, pero el alcalde de Benidorm y su equipo de gobierno se han quedado en minoría y ello ha obligado a dejar sobre la mesa el punto que posiblemente tenía mayor interés de los que centraban el orden del día del pleno de Benidorm.

Se trataba de la liquidación del contrato de gestión de la Estación de Autobuses, en manos del empresario Enrique Ortiz, y del inicio del expediente de la nueva licitación para dar cumplimiento a una sentencia del TSJ del año 2012. Sin embargo, la existencia de varios informes de Secretaría e Intervención, con criterios y opiniones muy diferentes entre sí, ha llevado a todos los grupos de la oposición y a los dos concejales no adscritos a pedir que la propuesta de Alcaldía se quedase sobre la mesa a la espera de un debate posterior con todos los elementos de juicio y una vez analizados los dos últimos informes recién llegados a manos de los ediles.

Ante tal tesitura, el alcalde Toni Pérez, sabedor de su minoría, ha optado por no llevar a cabo la votación sobre la retirada del punto y ha anunciado que el mismo no sería debatido.

Antes de la decisión del alcalde, el portavoz socialista Rubén Martínez, había advertido que su grupo abandonaría la sala si llegaba a producirse el debate, mientras Rafael Gasent, de Ciudadanos, solicitaba “una sesión monográfica sobre el tema”. Dura y crítica como siempre, la liberal Gema Amor ha espetado al alcalde que no admitiría “bajo ningún concepto el atraco que usted intenta perpetrar”.

Los diferentes informes del interventor y el secretario han sido esgrimidos por la oposición para indicar que “no arrojan luz” a la hora de decidir sobre el asunto, de ahí que solicitasen una sesión posterior para aclarar todas las dudas.

En la propuesta que se iba a debatir, el gobierno reconocía que la empresa de Ortiz debería percibir 29,7 millones por la construcción de la infraestructura. No obstante, a dicha cantidad habría que restarle otras por la amortización de la explotación o los cánones no satisfechos por el concesionario, entre otros conceptos.

Sí ha salido adelante por mayoría, con la abstención de PP y Ciudadanos por Benidorm, la propuesta conjunta de la oposición para estudiar la reactivación de la modificación de la ordenanza fiscal número 17 que regula la tasa por la prestación de la recogida de residuos sólidos.

El PP ha advertido que llevarlo a cabo podría suponer que la ordenanza pudiera ser alegada por la Generalitat “y que conllevase un incremento del 36%” en la cuota que pagan los ciudadanos. “Abrimos un melón cuyo coste económico puede ser un incremento del 36%” según el portavoz del gobierno José Ramón González de Zárate.

La advertencia ha caído en saco roto y no ha sido tenida en cuenta por el resto de grupos, que han insistido en que el único propósito de la modificación era “un reparto más equitativo y proporcional de la tasa”. El líder de Ciudadanos, Rafael Gasent ha rechazado que la misma “vaya en contra de nadie” en referencia a la patronal hotelera Hosbec, que ya ha anunciado medidas legales si la revisión de la ordenanza les supone un aumento en lo que pagan por la tasa de basuras.