El juzgado archiva la presunta prevaricación de una concejal del PP en Benidorm

La justicia ha sonreído a la concejal del PP de Benidorm, María Jesús Pinto, y por extensión al resto de sus compañeros de gobierno. Tras varios meses en los que la incertidumbre de la legalidad o ilegalidad se cernía sobre un procedimiento de contratación, la concejal ya puede respirar tranquila.

El caso arranca con la adjudicación por parte de la Concejalía de Bienestar Social –competencia que no ostenta la citada edil- de la compra de productos alimenticios para una campaña de Navidad destinada a personas con pocos recursos al supermercado del que es propietaria Pinto. Aquella contratación fue criticada por el grupo socialista y llevada al juzgado posteriormente por el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción.

Ahora, el juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta por presunta prevaricación contra la concejal María Jesús Pinto. En el auto del juez, al que ha tenido acceso EsDiarioCV, se señala que tras las actuaciones realizadas “no aparece debidamente justificada la perpetración de delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, motivo por el cual el magistrado considera que procede el sobreseimiento provisional “al no existir elementos suficientes que permitan integrar los hechos denunciados en los tipos pretendidos”.

Con la resolución judicial en la mano, el portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, ha comparecido ante los medios de comunicación, junto al resto de concejales del PP, no sólo para dar cuenta de la decisión judicial, sino para aclarar que tampoco el fiscal del caso apreciaba delito alguno. “El fiscal esgrime el certificado del secretario municipal en el que se señala que ninguna de las Concejalías de María Jesús Pinto participó en aquel proceso de contratación y que la selección de las empresas se hizo al azar y la adjudicación en base al presupuesto más económico” ha explicado González de Zárate.

Una vez acabadas las aclaraciones judiciales, el concejal popular ha iniciado las exigencias políticas. Ha arremetido duramente contra el portavoz socialista Rubén Martínez por haber afirmado que dicha contratación era ilegal y le ha exigido “disculpas públicas por sus afirmaciones”. También ha pedido lo mismo para el portavoz de Compromís, Josep Bigorra, quien en su días también había reclamado la dimisión de Pinto por este caso.

Igualmente, González de Zárate ha avanzado que en la propia denuncia “hemos encontrado algunas infracciones” que están estudiando sus abogados “para iniciar acciones judiciales” contra el portavoz socialista. Según concretaba el portavoz popular se habría producido una filtración de la documentación del expediente de contratación entre el Ayuntamiento y el supermercado de la regidora al Observatorio contra la Corrupción. “El Observatorio no habían solicitado esos documentos por Registro y sin embargo se incorporaron a la denuncia”, algo que según González de Zárate, podría ser “ilegal”. Además, ha inculpado explícitamente de ello al portavoz socialista.

Pero lejos de pedir disculpas como le habían pedido, Rubén Martínez se ha ratificado en sus afirmaciones y ha insistido en que “nos sigue pareciendo un hecho reprobable desde el punto de vista ético y moral”, aunque ha añadido que respetaba “lo que diga la justicia”. Martínez, no obstante, ha aprovechado para recordar que aún sigue en el juzgado otro caso por un supuesto fraccionamiento de contratos en el que se produjeron tres adjudicaciones a tres empresas diferentes con el mismo administrador único..

Por su parte, Josep Bigorra, de Compromís, ha emplazado al gobierno local a que explique “la situación de los contratos del Ayuntamiento del stand de Fitur que también están siendo investigados en los juzgados”.