La exedil de Hacienda (PSPV) de Benidorm declarará por los contratos irregulares
En la causa también están investigados el exalcalde socialista, un exconcejal y dos funcionarios por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.
La exconcejal socialista Natalia Guijarro.
Con un ritmo más lento del que desearían las partes, el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm sigue adelante con las diligencias previas de la causa abierta a raíz de las presuntas contrataciones irregulares de trabajadores durante el mandato del socialista Agustín Navarro en el Ayuntamiento de Benidorm.
El titular del juzgado ha vuelto a citar a declarar en calidad de investigada a la exconcejal de Hacienda, Natalia Guijarro, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso EsdiarioCV.
Guijarro deberá acudir a las diez y media de la mañana del próximo 4 de mayo a prestar declaración. En su caso la investigación es por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Cabe señalar que la exconcejal socialista ya fue llamada por primera vez el pasado 6 de marzo, aunque en aquella ocasión el juez decidió suspender la declaración debido a la carga de trabajo que tenía y “para estudiar mejor la causa”, según explicaron los abogados de las partes.
Este caso fue declarado causa compleja en su momento, por lo que el plazo de las diligencias se amplió en 18 meses. Sin embargo, dicho plazo ya expiró en diciembre pasado y la instrucción continúa.
No hay que olvidar tampoco que en la misma causa, el juzgado también investiga al exalcalde Agustín Navarro, el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez, la exjefa de Personal Carmen Navarro y el excoordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro. El juez investiga la comisión de posibles delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Una vez suspendida la primera declaración de Guijarro, a la salida del Palacio de Justicia de Benidorm, la exconcejal socialista indicó a EsdiarioCV que había acudido a prestar declaración “muy tranquila con lo que hice cuando era concejal” y añadió que su imputación en este asunto se debía “a una persecución por parte de un sindicato policial, personificada en la figura del portavoz del gobierno actual, José Ramón González de Zárate”. La investigación se inició hace años tras una denuncia formulada por el Sindicato de Policía Local y Bomberos de Benidorm, mayoritario en el Ayuntamiento de la localidad.