Callosa de Segura sigue con la cruz a cuestas
Según ha informado en un comunicado, el juzgado de Primera Instancia número 8 de Valladolid, donde la entidad tiene su sede, ha admitido a trámite la demanda
Vecinos de Callosa con la cruz portátil.
Abogados Cristianos solicita al número dos del Ayuntamiento de Callosa de Segura una indemnización de 6.000 euros por "lesionar la dignidad de la Asociación y menoscabar su fama", durante unas declaraciones realizadas en prensa tras la retirada de una cruz de la fachada de la iglesia de Callosa, que se llevó a cabo el pasado enero.
La cruz se retiró en la madrugada del pasado 29 de enero en cumplimiento de una resolución del Ayuntamiento en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado que las injurias "no tienen cabida dentro de la libertad de expresión". "Decir que somos una plataforma antidemocrática o que denigramos los derechos de las mujeres, atenta claramente contra nuestro honor", ha continuado.
Según Abogados Cristianos, el teniente de alcalde de Callosa realizó afirmaciones en las que les calificaba de plataforma "claramente antidemocrática", que "sólo abre la boca para decir cualquier disparate" y les acusaba de "intentar presionar al sistema judicial y a los políticos, incluso llegando a los partidos locales".
Desalojo
Asimismo, Abogados Cristianos ha asegurado que el Ayuntamiento de la localidad trata de desalojar "ilegalmente" a varios vecinos concentrados en la plaza de la Iglesia con motivo del Día de la Cruz que se celebra este mismo jueves.
Según la entidad, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz cuenta con el permiso de la Subdelegación del Gobierno para reunirse en el lugar entre los días 3 y 23 de mayo, de 9.00 de la mañana a 21.00 horas, ante una cruz portátil, en protesta por la retirada del original el pasado mes de enero.
Abogados Cristianos ha sostenido que el alcalde, Fran Macià, ha enviado a la Policía Local el primer día de las concentraciones para desocupar la plaza alegando que el uso de la cruz portátil no está permitido.
Polonia Castellanos, ha advertido de que "si el desalojo se lleva a cabo, podría ser constitutivo de un delito contra los derechos fundamentales y de prevaricación". A su juicio, "el alcalde de esta localidad está demostrando con sus comportamientos tener una obsesión enfermiza contra los cristianos".