Otro año de instrucción por los contratos irregulares del exalcalde de Benidorm

Cinco años después de que el fiscal pidiera al juzgado la incoación de diligencias previas para investigar unos hechos que consideraba irregulares y que podrían ser constitutivos de varios delitos, la instrucción de la causa sigue adelante y sin fecha conocida para su final. Ya han pasado varios jueces por el caso, pero ninguno ha terminado por cerrar las diligencias.

Nos estamos refiriendo a la investigación que el juzgado de instrucción número 2 de Benidorm lleva a cabo por las presuntas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Benidorm durante el mandato del alcalde socialista Agustín Navarro, que en la actualidad mantiene aún su acta de concejal y es diputado provincial.

Y es que el titular del juzgado de instrucción ha acordado prorrogar durante doce meses más la causa. En el auto judicial al que ha tenido acceso EsdiarioCV, el juez atiende la petición formulada por el Ministerio Fiscal para proceder a dicha prórroga con el objetivo de “finalizar la instrucción de las presentes actuaciones”.

En esta causa, que como se ha dicho se inició en 2013 después de una denuncia en la Fiscalía por parte del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) en el Ayuntamiento, están siendo investigados varios políticos socialistas. A saber, el exalcalde Agustín Navarro, el exconcejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, y la exconcejal de Hacienda Natalia Guijarro, que fue la última en declarar la pasada semana. A todos ellos se les imputa un presunto delito de administrativa y otro de tráfico de influencias.

El jugado investiga igualmente al excoordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro, y a la exjefa de Personal, Carmen Navarro, por posible prevaricación administrativa. El primero de ellos es delegado de la secciónsindical de UGT en el Ayuntamiento.

Los hechos denunciados están relacionados con 130 contrataciones temporales en el año 2010. Según el sindicato policial, 43 de esos contratos habrían beneficiado a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE, pese a que el gobierno central no permitía incrementar las plantillas municipales con el fin de reducir la deuda de los ayuntamientos.

Una cifra que el fiscal tildó en su momento de “llamativamente alta”,según constaba en el escrito de 2013 dirigido al juzgado en el cual pedía la incoación de las diligencias previas.

En este caso, el juez también trata de aclarar la concesión de complementos de productividad y beneficios a funcionarios supuestamente afines durante los años 2009 a 2012. La suma de todo ello

generó un desajuste presupuestario de unos 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal con respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste, según reflejaba igualmente el escrito del fiscal.

Conviene recordar que esta causa ya fue declarada de instrucción compleja hace casi dos años, por lo que la misma se amplió en 18 meses más, un plazo que finalizó el pasado mes de diciembre. La ley establece que el juez instructor puede volver a prorrogar después por igual plazo ouno inferior a instancias del Ministerio Fiscal, como ha sido el caso.

El auto tiene fecha del 25 de abril, aunque acaba de ser notificado a las partes, por lo que la instrucción debería finalizar antes del 25 de abril de2019. No obstante, el juez todavía deja abierta la posibilidad de una prórroga más “por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio

Fiscal”.

Cronológicamente esta es la primera imputación de Agustín Navarro, quien también tendrá que declarar, como ya ha informado EsdiarioCV, por la investigación por una presunta prevaricación administrativa cometida en la adjudicación en 2010 de un contrato para la instalación de 19 opinómetros en Benidorm por 223.000 euros. Aquella adjudicación se hizo a una empresa que tendría vinculaciones con otra firma que llevó a cabo la campaña electoral del PSOE de Benidorm en 2007.