Archivan la causa contra la excúpula de Coepa por las ayudas a la formación

La titular del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa contra la excúpula de la patronal alicantina Coepa por no haber quedado acreditada la comisión de los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, frustración de la ejecución e insolvencia punible por la construcción de un centro de formación en la ciudad.

El expresidente de Coepa Modesto Crespo y otros dos directivos prestaron declaración por estos hechos ante el juzgado el pasado viernes. El auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha dictado este mismo lunes.

Según detalla el auto, la causa arrancó con la denuncia presentada por la abogacía de la Generalitat, en representación del Servef, en la que se exponía que Coepa había recibido subvenciones del servicio de empleo para sufragar los costes de construcción y equipamiento del centro de formación en prevención de riesgos laborales y oficios, que se ubicó en el polígono de Babel en Alicante.

Así, mediante un convenio de 2005, Coepa recibió un millón de euros en los años 2005, 2006 y 2007; además, en 2008, la patronal recibió otros 350.000 euros para finalizar las obras de la fase 3, y otras dos subvenciones de 200.000 y 315.000 euros en los años 2009 y 2010. Coepa se comprometía a mantener el centro como espacio de formación durante al menos 10 años.

Además, en 2015, desde Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) se alertó de posibles irregularidades ya que el centro estaba cerrado desde 2012; que Coepa había recibido otras subvenciones de otros entes de la Generalitat y que, además, formalizó un préstamo del IVF por tres millones de euros para financiar la construcción del edificio.

Cepyme señalaba, además, que las mismas facturas presentadas para obtener el préstamo, eran las mismas con las que obtuvo las subvenciones. Sin embargo, resalta el auto, que el propio denunciante explica que el hecho de que Coepa recibiera subvenciones de varios entes públicos de la Generalitat y "para la misma finalidad, no constituyen en sí mismo ningún tipo de infracción penal o administrativa".

Al respecto, la denunciante entiende que sí es una infracción administrativa solapar las ayudas por 3,8 millones de euros con el préstamo por 3 millones del IVF.

En ese sentido, en el auto, la juez recuerda que "examinando la abundante documentación", mientras el SERVEF concedió una subvención, el IVF suscribió un contrato de préstamo regido por las normas de "código civil y código de comercio".

Reintegro subvenciones

Por ello, concluye que "no duda" de que se deban seguir los "procedimientos administrativos" para el reintegro de las subvenciones concedidas por "incumplimiento" al no mantener abiertas durante 10 años las instalaciones como centro de formación; pero se muestra "absolutamente segura" de que no se incumplieron las condiciones estipuladas en las subvenciones.

Según el auto, obtener subvenciones y suscribir un préstamo "no estaba en absoluto prohibido ni figuraba en los convenios de colaboración por lo que no falseó las condiciones requeridas".

Finalmente, expone sobre el delito de estafa que el Servicio Territorial de Formación Profesional para el Empleo de Alicante emitió un informe constatando que las subvenciones se destinaron al centro de formación.

Sobre la falsedad documental, la juez señala que "aparece clarísimo" que COEPA utilizó "idénticas facturas" para justificar la recepción del préstamo del IVF y para justificar el gasto ante el SERVEF, sin "alteración", "simulación" o "falseamiento".

Por último, recuerda que la Audiencia Provincial de Alicante ya consideró correcto el archivo de la imputación de los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia punible porque no se describía una "conducta" que implicara una disposición patrimonial o una asunción de obligaciones que impidiera la eficacia del procedimiento de ejecución hipotecaria instado por el IVF por la declaración de concurso.

Coepa, liquidada

La reactivación del embargo de Coepa ­-el Servef le reclama 1,9 millones por unas subvenciones no justificadas-, ha condenado a la patronal alicantina a su liquidación, a pesar de haber salido del concurso de acreedores el pasado diciembre. En el centro de todo este maremagnum se encuentran 21 trabajadores afectados por el ERE que no recibirán ni un solo euro por la insolvencia de la propia patronal, lo que en boca de Francisco Gómez, presidente de la patronal, se iba a evitar gracias al plan de viabilidad que se había puesto en marcha. “Los más perjudicados por esta decisión van a ser los empleados”, declaró en su momento Gómez.