Piden 6.000 euros de multa para un edil de Benidorm por delito electoral

La orden dada por el ahora concejal Leopoldo Bernabeu de emitir programas en los que reclamaba el voto para su formación en las elecciones municipales de 2015 le puede salir cara. Bernabeu, que entonces era presentador y director de un canal local de televisión, había formado un partido político, Ciudadanos por Benidorm (CBM), del cual era el cabeza de lista.

Sin embargo, lejos de cesar en sus funciones en la televisión, ordenó que durante los días 23 y 24 de mayo de aquel año –jornadas de reflexión y de votación-, el canal emitiese programación en la que se pedía el voto para su partido, ignorando la legislación vigente que prohíbe ese tipo de prácticas.

Así consta en el escrito de acusación del fiscal de la causa que se sigue contra Bernabeu por este motivo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, al que ha tenido acceso EsdiarioCV. Por esos hechos el fiscal ha pedido la apertura de juicio oral y la imposición de una multa que asciende a 6.000 euros.

En dicho el escrito del fiscal se indica que el acusado protagonizó un “intento de disuadir a los electores del voto a favor de las formaciones contrarias”. Así, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito electoral, “de los que responde en concepto de autor el acusado” Leopoldo Bernabéu. Por todo lo cual solicita la imposición de una multa de 20 meses con una cuota diaria de diez euros “y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago”.

Leopoldo Bernabeu apenas estuvo como concejal de CBM un año puesto que las divergencias internas en la formación terminaron con su expulsión y pase a la condición de no adscrito después de que la Policía Nacional llegase a detenerlo por un posible delito de tráfico de influencias, que aún se está investigando.

En la causa por el supuesto delito electoral, en la que está personada como acusación el partido Liberales de Benidorm, han sido testigos los socialistas Rubén Martínez y Agustín Navarro, las concejales liberales Gema Amor y María Pérez, el entonces propietario del canal, Francisco Magraner, y uno de los trabajadores del mismo.

El juez, una vez recibido el escrito del fiscal, ha dado un plazo de diez días a las concejales liberales, personadas en la causa, para que presenten “escrito de acusación, sobreseimiento o excepcionalmente práctica de diligencias de investigación”.