Echávarri insiste en la legalidad del despido de la cuñada de Barcala

La defensa del exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, insiste en la legalidad del despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del actual alcalde 'popular', Luis Barcala, porque "administrativamente está todo bien hecho". Niega, por tanto, que exista un delito de prevaricación administrativa en estos hechos por los que el exdirigente está procesado.

Según ha confirmado a Europa Press este viernes la defensa del exalcalde, en su escrito de conclusiones, se insiste en que "no hay prevaricación" porque en el despido de la trabajadora no se dio ninguna resolución contraria a derecho y que "administrativamente está todo bien hecho".

Asimismo, argumentan que la trabajadora estaba "en causa de cese" y que los técnicos municipales y la letrada de Recursos Humanos "así lo validaron".

La defensa ha señalado que se trata de una resolución administrativa "correcta" y que, por lo tanto, no se incurrió en un delito de prevaricación administrativa.

En ese sentido, la defensa de Gabriel Echávarri prevé que hasta el mes de septiembre no se dará traslado de la causa a la Audiencia y ha estimado que el juicio no se celebrará antes del cambio de año.

La Audiencia de Alicante confirmó el procesamiento del exalcalde por el despido de la cuñada de Barcala, que fue despedida supuestamente en represalia por la denuncia que interpusieron los 'populares' cuando estaban en la oposición contra Echávarri y que dio pie a su investigación y posterior procesamiento por el caso Comercio.

La sala desestimó el pasado 13 de junio el recurso de apelación interpuesto por Echávarri contra el auto de procesamiento que dictó el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, el 20 de marzo de 2018, y confirmó su procesamiento por un delito de prevaricación administrativa.

Según apuntó hay indicios de arbitrariedad en el cese de la funcionaria interina, lo que, en esta fase procesal, y ante la imposibilidad de no poder descartarse que se haya cometido esta infracción penal, "no hay ningún argumento que pueda dar lugar al sobreseimiento que plantea el exalcalde de Alicante".

A juicio de los magistrados, el relato de hechos punibles que contiene el auto dictado por la jueza instructora es amplio y detallado, al igual que extensamente motivado ya que el despido "obedece únicamente a la voluntad del exalcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad, de ejercer sus facultades de una forma manifiestamente arbitraria".

Por último, la sala señala que la decisión de cese fue adoptada por Echávarri, valiéndose de quien tenía competencia para firmar el decreto. Una resolución administrativa que le es atribuible, aunque fuera un tercero quien firmara el decreto.