Cholbi pide medidas para evitar daños por riadas en el Barranco de San Antón

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha pedido al Ayuntamiento de Elche y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que actúen de forma coordinada junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que adopten medidas necesarias para prevenir al máximo posible los daños que se pueden producir en la zona del Barranco de San Antón por las inundaciones y avenidas de agua.

La actuación del defensor valenciano en este asunto se inició, según ha indicado en un comunicado, el pasado mes de abril a raíz de la queja presentada por la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Barranco San Antón.

En ella exponían al Síndic que se habían dirigido a las tres administraciones afectadas manifestando su preocupación y solicitando la adopción de medidas para evitar el "grave peligro que suponen las avenidas de agua desde el barranco hacia sus propiedades", así como sobre el tráfico rodado, sin haber recibido ninguna contestación hasta el momento.

En el transcurso de la tramitación de la queja la Conselleria remitió un informe en el que hacía constar que, según el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova), una buena parte de las viviendas unifamiliares de esa zona están asentadas sobre áreas calificadas de peligrosidad 4, de peligrosidad 6 y de peligrosidad geomorfológica, por las avenidas extraordinarias del Barranco San Antón.

Por su parte, la CHJ comunicó al Síndic que este barranco forma parte del Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación dentro del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones elaborado por este organismo. Aun así, en el informe que remitieron al defensor se señalaba que no tenían previsto realizar ninguna intervención de forma inmediata en el entorno del barranco.

En su resolución, Cholbi recuerda que las inundaciones en la Comunitat constituyen el riesgo natural e inducido que mayor número de daños, tanto en vidas como en bienes, ha causado a lo largo de la historia. Razón por la cual, el defensor considera que la prevención y gestión del riesgo de inundación requiere una actuación coordinada entre las distintas administraciones y organismos implicados en materias relacionadas con las inundaciones, ya sean estatales, autonómicas y locales.

Recuerda que carece de competencia legal para dirigir recomendaciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar por tratarse de la Administración General del Estado, pero considera necesario que los tres departamentos afectados constituyan un grupo de trabajo para dar solución efectiva a este problema.