El juez sobresee la denuncia por el intento de compra del voto de Belmonte
El socialista Ángel Franco a su entrada en la Audiencia de Alicante.
El juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada por dos vecinos, en relación al supuesto intento de compra del voto de la edil tránsfuga, ex de Guanyar Nerea Belmonte, tal y como desveló la propia edil durante el pleno ordinario celebrado el 26 de abril de 2018 en la que afirmó que un partido de izquierdas "le había ofrecido 3.500 euros e ir en las listas".
El magistrado lo ha dictado en un auto con fecha del 19 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press este lunes. Entiende que no se aprecian indicios suficientes de los hechos investigados por lo que se procede a decretar el sobreseimiento de las diligencias investigadas. Contra está resolución cabe recurso de reforma que no suspenderá el curso del procedimiento.
En la investigación prestaron declaración la edil Nerea Belmonte junto a su "amiga" Elsa Martínez, además de los concejales Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant) y Natxo Bellido (Compromís), todos en calidad de testigos; así como el dirigente socialista Ángel Franco, único llamado a declarar como investigado en la causa.
En los razonamientos jurídicos, el magistrado añade que no ha sido posible contrastar lo manifestado por cada uno de ellos en las declaraciones y especialmente sobre una supuesta conversación "no presenciada por terceros ni registrada", y que, sin embargo, existen intereses políticos y personales que pueden "hacer dudar" de la objetividad de los testimonios.
Además, precisa que no existen indicios materiales de que se hubiera producido la compra o el intento de compra de la voluntad de la concejal para condicionar el voto de Belmonte. Cabe recordar que en el pleno de investidura del 19 de abril, la no adscrita se abstuvo y permitió que el 'popular' Luis Barcala fuera investido alcalde, lo que impidió a la socialista Eva Montesinos ser alcaldesa.
El juez desestima también la práctica pericial, a petición de la fiscalía, de la geolocalización de los teléfonos móviles de Elsa Martínez y Ángel Franco para averiguar su localización, y deniega la pericial porque, según argumenta, el posicionamiento de los teléfonos móviles no puede confirmar su presencia en las reuniones mantenidas.