Page, Franco y la "guerra del agua"

“El trasvase Tajo-Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería más grandes realizadas en España. Mediante este trasvase, se deriva agua del río Tajo desde los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) al río Mundo, afluente del Segura, a través del embalse de Talave. Los orígenes del trasvase, aunque fue mencionado por primera vez en 1922, se remontan al año 1932, cuando el entonces ministro de Obras Públicas de la Segunda República, el socialista Indalecio Prieto, encomendó al ingeniero Manuel Lorenzo Pardo la realización de un plan nacional del aprovechamiento de las aguas. Un año después era presentado el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que incluía el Trasvase Tajo-Segura, el cual al final no se llevó a cabo por diversas causas, principalmente por la Guerra Civil Española, que comenzó solo tres años después. La realización del trasvase se retomó con la Orden Ministerial de 30 de julio de 1966, donde se ordena la redacción del Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de España, Complejo Tajo-Segura, del cual formaba parte integrante la construcción del Trasvase Tajo-Segura. En 1979 llegaron las primeras aguas a la cuenca del Segura procedentes del río Tajo”. Este párrafo está extraído de la enciclopedia libre Wikipedia.

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, manifestó recientemente: "No se le ocurrió sino al dictador hacer una obra, que en democracia sería intolerable, como es el trasvase Tajo-Segura que tanto nos hipoteca". Obviamente, se refería a Franco. Este destacado dirigente socialista miente a sabiendas de que la historia no es así, pero estamos en tiempos donde el relato se tergiversa a gusto de cada cual. Miren lo que pasa en Cataluña.

Al presidente de Castilla-La Mancha habría que recordarle también, y ya es una pesadez el asunto, que el Consejo de Ministros u Consejo de Ministras -como se dice ahora-, está compuesto por Josep Borrell, que tuvo la feliz idea -que no pudo llevar a cabo-, de proponer la interconexión de cuencas cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Felipe González. Es verdad, que ante la volatilidad política y de pensamiento actual, parece irrelevante un cambio de postura tal sorprendente en un ejecutivo socialista; pero ni el PSOE es el de antes, ni Borrell es el que abanderó hace sólo unos meses un movimiento ciudadano contra el supremacismo separatista en Cataluña.

Ahora García Page dice que Levante beberá y regará de la desalación porque Castilla-La Mancha tiene sus derechos y necesita esa agua que “regala” a la zona más seca de España. Esta interpretación da la razón a aquellos “falsos patriotas” que hablan de restar poder a las comunidades autónomas. Habría que preguntarle al presidente manchego si Alicante, por poner un ejemplo, debería exigir un gravamen a aquellos turistas de esa Comunidad que utilizan sus playas, sus hospitales o sus carreteras. ¿Tendremos que rescatar la idea de imponer una tasa turística?

García Page dice que Levante beberá y regará con agua desalada y pone en evidencia a su compañero de partido Ximo Puig, al que le falta mayor determinación en su defensa de los trasvases

No sé, quizá hemos perdido, han perdido, la perspectiva de que España, a pesar de todo, es un país, y que debemos pensar en conjunto de todos sus habitantes, independientemente de donde hayan nacido. Porque los vecinos de Castilla-La Mancha -“vaya vaya, allí no hay playa…”, como cantaba The Refrescos-, merecen, como todos, bajar en verano o cuando lo deseen a una zona de su país donde sí hay mar y están encantados en recibir su visita. Además, con el potencial culinario alicantino, pueden obsequiar al visitante con una variada gastronomía con gran riqueza de verduras y frutas regadas con agua del trasvase.

El presidente valenciano, Ximo Puig, defiende los trasvases frente a la opinión de su compañero de partido Emiliano García Page. Cada uno a su manera busca el voto cercano, el voto de su pequeño ‘reino de taifas’ sin pararse en pensar en el conjunto de España. Pero al presidente Puig le están haciendo un flaco favor desde su propio partido, le falta firmeza y mayor determinación.

La última en la frente ha sido la propuesta de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de considerar a la baja los trasvases. Votaron a favor PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y ERC. PP y Ciudadanos lo hicieron en contra. Este es un primer paso del Gobierno central para acabar con un trasvase del cual viven miles de familias en Alicante, Murcia y Almería. Va a ser un tema muy recurrente en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

La Comisión de Transición Ecológica en el Congreso propone considerar a la baja los trasvases, un primer paso del Gobierno para "cargarse" el Tajo-Segura.

Además, no sé hasta qué punto sirven los argumentos que se esgrimen desde el Ejecutivo. Se justifica la iniciativa aduciendo que “es necesario tomar en consideración la expectativa por menores caudales por cambio climático, reajustar las necesidades y promover las fuentes complementarias que sean viables en las cuencas receptoras”. Que desaparezcan miles de hectáreas de cultivo no parece ni ecológico ni sostenible, y todos saben que el agua desalada es un complemento, no la solución.

Como es lógico desde el PP se hace bandera de este asunto tan trascendental. El presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante y coordinador del grupo popular en Les Corts, José Císcar, ha acusado al presidente de la Generalitat, y a la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, de ser "muy tibios" en la defensa de los intereses de los agricultores y regantes.

La valoración que se hace de ese dictamen de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso "es muy sesgada respecto a la realidad" porque considera que ni el Júcar ni el Segura son cuencas deficitarias y "no aprecia los valores de la agricultura contra la desertificación y el cambio climático. Este informe pretende acabar a medio plazo con el trasvase Tajo-Segura", ha advertido el diputado, "y el PP no lo consentirá ni en el Congreso de los Diputados ni, por supuesto, en la Comunitat Valenciana". La verdad, huyendo de ideologías y partidismos, es que Císcar en esta ocasión tiene parte de razón en su argumentación.

La cuestión es que se vuelve a recrudecer la “guerra del agua” ante la falta consenso y de un plan hidrológico nacional surgido de la negociación y el acuerdo. Otra vez empezamos con declaraciones cruzadas y se antepone el interés de unas zonas del territorio frente a otras. Y es que con el asunto del agua, como con la financiación autonómica, no todos somos iguales. A la vista está.