Benidorm aprueba la regulación de vehículos de movilidad personal

Punto final a uno de los asuntos que más ha costado aprobar en Benidorm y que ha sido reivindicado por todos los grupos políticos, aunque con diferentes puntos de vista. El pleno ha aprobado por unanimidad la modificación de la Ordenanza de Movilidad relativa a los vehículos de movilidad personal (VMP). Este asunto había sido retirado del orden del día hasta en cinco ocasiones anteriores debido a que los grupos de la oposición, con mayoría, se oponían a la que la ordenanza de Movilidad se aprobase en su conjunto y preferían hacerlo por separado.

El gobierno, por su parte, siempre había llevado la propuesta a los plenos incluyendo no solo la regulación de los vehículos de movilidad personal, sino también aspectos como la zona de estacionamiento regulado o la zona de aparcamiento para residentes.

Ahora, la nueva ordenanza regulará el uso que debe hacerse de esta clase de vehículos, así como las sanciones que puede imponer la Policía Local en caso de infracciones. En este caso, las sanciones varían desde los 100 euros para una infracción leve hasta los 500 por una muy grave o los hasta 200 euros por una infracción grave.

Entre los aspectos más señalados en la nueva ordenanza se destaca que estos vehículos (VMP) no pueden circular por las aceras ni tampoco en vías peatonales, salvo que los usuarios tengan movilidad reducida. En este caso, la velocidad máxima debe ser 4 km/h, similar a la de un peatón.

Tampoco se permitirá su uso en los carriles-bici existentes en las aceras, pero sí queda permitido utilizarlos en los carriles que están pintados en la calzada, así como también su circulación en las calzadas denominadas Zona 20, que son aquellas en las que no se puede circular a más de 20 km/h. De igual forma, la velocidad máxima en la calzada será de 30 km/h y el usuario estará obligado a conducir con cautela y con casco.

También se regula el uso de estos vehículos para las empresas que los alquilan. En este caso, los grupos de usuarios a los que se les alquila un vehículo de estas características no podrán ser superiores a diez personas.

Todos los grupos de la oposición se han pronunciado a favor, aunque le han recordado al gobierno que si hubiera accedido a llevar este asunto a pleno por separado “en lugar de haberlo hecho siempre junto a otros aspectos se podría haber aprobado hace medio año” según ha apuntado Rubén Martínez, portavoz socialista.

También ha opinado de forma similar Rafael Gasent, portavoz de Ciudadanos, que ha dicho además que su formación había llegado a tener dudas acerca de si el PP no lo llevaba por separado al pleno “por incapacidad o por falta de ganas”.

En la sesión de hoy también se ha aprobado por unanimidad una propuesta de todos los grupos para nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad al abogado recientemente fallecido José Pedro Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución y persona muy vinculada a Benidorm.

Fuera del orden del día, el pleno ha aprobado por mayoría una propuesta del concejal de Limpieza Viaria, Arturo Cabrillo, enmendada por PP y PSOE, relativa al servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. La propuesta contempla no admitir la revisión de precios de oficio reclamada por la concesionaria FCC y también el recurso contra el acuerdo plenario de septiembre de 2017, el cual queda en suspenso en lo relativo al cálculo de los precios del contrato para los años 2018 y 2019.

También incluye la obligación de aprobar los pliegos de condiciones del nuevo contrato antes de que finalice mayo, y que mientras opere la suspensión del acuerdo plenario de 2017 y/o no se adjudique el nuevo contrato, el Ayuntamiento acepta el convenio laboral de 2013, que era una reivindicación de los trabajadores de FCC para no ir a la huelga.

Asimismo, se ha requerido a FCC a que, previo al cobro de las diferencias económicas derivadas de suspender el acuerdo plenario de 2017, presente un aval bancario para que, en caso de que los tribunales den la razón al Ayuntamiento en lo relativo a la relación de precios 2009-2011, la administración pueda recuperar las posibles cantidades abonadas a la mercantil. La corporación, además, ha acordado remitir al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para su dictamen el expediente completo de este asunto.