Benidorm reduce su deuda y liquidará el Plan de Ajuste tres años antes
Toni Pérez destaca que la gestión económica del equipo de gobierno ha permitido amortizar 42 millones del Plan de Ajuste en cuatro años sin reducir las inversiones ni aumentar los impuestos.
Con algo más de tres años de antelación, el Ayuntamiento de Benidorm podrá dar por finiquitado el Plan de Ajuste al que se haya sometido desde hace algunos años. La previsión inicial apuntaba como horizonte para su liquidación al finalizar el año 2023. Sin embargo, la gestión económica llevada a cabo en los últimos años permitirá que ese plazo se adelante con creces y la amortización definitiva se produzca a mediados del año que viene.
Así consta en la liquidación del presupuesto municipal de 2018, que ha sido presentada por el alcalde Toni Pérez, en la cual se informa que la deuda viva del Ayuntamiento al cierre del ejercicio el 31 de diciembre del pasado año asciende a 38,9 millones de euros. La carga de endeudamiento, por tanto, no llega al 37% (36,95%) pese a que la ley permite a los Ayuntamientos alcanzar el 110%. Ello supone, según ha informado el primer edil benidormense que el consistorio “tiene capacidad de sobra para concertar nuevos préstamos”.
Pormenorizando un poco los datos del documento de liquidación del último presupuesto se constata que de los casi 39 millones de euros de deuda, 16,8 millones son los que restan para amortizar el Plan de Ajuste y el resto se derivan de préstamos a los que el consistorio hace frente.
Del mismo modo, la liquidación del presupuesto de 2018 recoge también que el Ayuntamiento ha cumplido con “el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda comercial”, hechos por los que el alcalde ha presumido de la buena gestión de su equipo de gobierno y, en especial de la concejala de Hacienda, Lourdes Caselles, a quien ha felicitado de forma explícita. Una felicitación que ha hecho extensiva a los técnicos del área económica municipal.
Toni Pérez ha asegurado que los datos que se reflejan en el documento no son sino el “resultado” de la gestión que inició su gobierno en 2015, cuyo compromiso era “recuperar la inversión sin incrementar los impuestos y amortizando deuda al mismo tiempo”. En ese punto, el alcalde ha dicho que todas las inversiones “se están financiando o se han financiado” con cargo al presupuesto ordinario debido en gran medida a haber obtenido un gran número de subvenciones de administraciones superiores “que se han sabido pedir y conseguir”. Pérez ha tenido tiempo para recordar que la situación actual es “muy diferente a la que nos encontramos en 2015 cuando accedimos al gobierno”.
Tras la liquidación del presupuesto, las arcas municipales disponen de un remanente de tesorería positivo superiora los once millones que, según Pérez, podrían destinarse a amortizar lo que resta del Plan de Ajuste. Sin embargo, se ha apresurado a aclarar que no se va a hacer “para no generar tensiones económicas en el Área Económica”.
De hecho, fundamentalmente ese remanente se destinará a devolver el préstamo concertado dentro del Plan de Pago a Proveedores. Entre otras razones, ha argumentado, “porque el tiempo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento es menor de seis días” y la ley establece un plazo medio de 30 días.
Pese a todo, ha insistido en que a 31 de diciembre de este año el Plan de Ajuste estará prácticamente amortizado y apenas restarán algo más de 1,5 millones.
Por otra parte, Toni Pérez también ha adelantado que esta semana debe estar finalizado el borrador del presupuesto de este año y que la semana que viene todos los grupos políticos tendrán una copia del mismo para formular sus propuestas. De hecho, ha aventurado que si se cumple lo previsto el nuevo presupuesto “podría llevarse al pleno de final de mes” para su aprobación. Algo que parece complicado a causa del clima político que se vive en el consistorio. Todo hace indicar que el gobierno, por primera vez en esta legislatura, no contaría con los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas. Una circunstancia que podría provocar que el alcalde no elevase el documento al pleno si no tiene garantías de que sea aprobado.