Caso Miguel Hernández: la Universidad de Valencia habla de censura incalificable

El Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universitat de València (UV) ha calificado como "censura" que la Universidad de Alicante (UA), en una resolución no firme del gerente de la institución, accediera a la petición de un descendiente de un militar fallecido que actuó como secretario en el consejo de guerra en el que se condenó a muerte al poeta Miguel Hernández a eliminar el nombre de su familiar --erecho al olvido digital- de textos publicados en internet por un catedrático de Literatura Española.

El organismo ha hecho público un comunicado en el que lamenta "la censura del nombre de Antonio Luis Baena Tocón, secretario judicial del Consejo de Guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández". "Constituye una limitación injustificable de la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de cátedra", sostiene.

En la misma línea, desde el aula creen que "significa una intromisión de instancias no estrictamente académicas de una universidad en la actividad científica de un miembro de su personal docente e investigador cuyos resultados cercena de forma arbitraria atendiendo a argumentos no científicos y en contra de la oposición expresa del propio profesor".

En la misma línea, argumentan que "introduce una distorsión en todo lo relativo a las investigaciones sobre el pasado reciente, pudiendo implicar un precedente nocivo para líneas de estudio consolidadas y de reconocido prestigio; y que cuentan con el reconocimiento y son financiadas en el marco de programas de I+D autonómicos y estatales".

"Tal censura supone, en pocos días, otra noticia más en una preocupante cadena de actos de instancias no investigadoras que podría marcar el inicio de una tendencia negativa que no puede dejar indiferente a la comunidad científica, ni a cualquier sociedad que se quiera -y que quiera seguir siendo- democrática", advierten.

Por último, subrayan que "el supuesto derecho individual al olvido de una persona fallecida nunca puede ser superior, ni mucho menos imponerse, negar o coartar el derecho -cuando no incluso el deber- colectivo de toda una sociedad democrática al conocimiento histórico, la memoria, la justicia y la reparación".