Polémica en Dénia por la decisión del alcalde del PSOE de imponer el valenciano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestra su malestar por las últimas decisiones del Gobierno Municipal de Dénia del Partido Socialista. Desde hace varios años se lleva librando en la Comunidad Valenciana y en especial en la provincia de Alicante una guerra política por el uso del valenciano. El alcalde Vicent Grimalt lleva al pleno del jueves un cambio en la relación de puestos de trabajo para imponer la obligatoriedad del conocimiento del idioma valenciano, en distintos niveles, para cualquier persona que quiera trabajar en el Ayuntamiento. Dénia es uno de los principales municipios turísticos de la Comunitat y acoge entre sus empadronados a naturales de distintas nacionalidades.

El CSIF expresa no entender "como el gobierno de Vicent Grimalt incumple lo recogido en la actual Ley 10/2010 de Función Pública Valenciana, artículo 53,2 así como en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, artículos 6,2 y 6,3".

Recientemente y en relación al anteproyecto de modificación de la Ley de Función Pública Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resolvió que "las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicas, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua".

Un gobierno que se dice socialista y de progreso es incompatible con ninguna imposición, y menos aun con la imposición de una lengua"

Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat.

Por todo lo mencionado anteriormente, desde CSIF se sostiene que en el Ayuntamiento de Dénia "se está actuando a sabiendas que la actual legislación no permite ninguna discriminación por razón de lengua". "Defendemos el uso de nuestra lengua como seña de identidad, pero nunca lo defenderemos para crear discriminación por razón de lengua. A día de hoy el conocimiento del valenciano es un mérito y pensamos que así debe seguir; nunca como un requisito", añade el comunicado.

El sindicato subraya que no desea entrar en una "guerra partidista". " Lo que sí proponemos son políticas que fomenten el uso del valenciano dentro de la Administración para aquellos funcionarios que desempeñen sus puestos cara al público mediante la impartición de cursos que fomenten el uso del valenciano, cursos de preparación para obtención de títulos oficiales y fomentar el uso del valenciano dentro de los objetivos de la carrera horizontal dentro de la administración", explica el sindicato en la nota.

Como colofón, la confederación mantiene que "un gobierno que se dice socialista y de progreso es incompatible con ninguna imposición, y menos aun con la imposición de una lengua. Una modificación de este calado en los procesos selectivos debe conllevar obligatoriamente la negociación y el acuerdo con la parte social. No ha sido así, pues simplemente se han ocupado de cumplir con el trámite legal de la Mesa de Negociación, sin ningún tipo de voluntad de acuerdo, imponiendo sus ideas en un aspecto tan delicado como el acceso a la Función Pública".

CSIF: "Una modificación de este calado en los procesos selectivos debe conllevar obligatoriamente la negociación y el acuerdo con la parte social"

CSIF manifiesta su total rechazo tanto a la imposición sin negociación real como a la inclusión del requisito del valenciano para opositar o promocionar, ya que limita el acceso a la función pública de ciudadanos que consideramos pueden estar capacitados para ejercer dichas funciones y no han tenido la posibilidad de obtener la titulación requerida.

Indignación también en el SEP

También desde el SEP (Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana) se afirma que "no estamos en contra del valenciano; de hecho la mayoría de los trabajadores lo cumplen, pero que hace con la alta temporalidad y con los trabajadores de más de 50 años que no han estudiado valenciana de forma continuada en durante su formación. También esta imposición dificulta la promoción interna". Es decir, funcionarios de primera y segunda. El sindicato, igual que el PP, se asegura que el conocimiento del valenciano debe calificarse como mérito no como una obligación, y se pregunta a qué tanta prisa en crear polémica cuando "el gobierno municipal no cumple con la legislación vigente y sin embargo quiere aplicar leyes que no están aprobadas, en referencia a la Ley de la Función Pública Valenciana".

El Tribunal Superior de Justicia ya se pronunció

El requisito lingüístico resultó el mayor conflicto en la etapa del anterior Consell. Una oposición que sobre todo vino desde Alicante, con el ex presidente de la Diputación, César Sánchez. De hecho, durante la pasada legislatura fueron los nacionalistas de Vicent Marzà los que impulsaron legislación educativa como la Ley de plurilingüismo o el decreto del uso del valenciano en la Administración, con el apoyo de los socialistas.

El Tribunal Superior de Justicia los tumbó. En el primer caso, por una clara discriminación al castellano, ya que se determinaba el nivel de inglés que debía darse en cada centro educativo en función del nivel de valenciano que escogiera. El segundo, por imponer el valenciano sobre el castellano como lengua prioritaria entre los funcionarios.