"Caso Comercio": Barcala y los técnicos señalan al exalcalde Echávarri

El interventor General del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, y el jefe del servicio de Comercio Mercados y Consumo, Diego Agulló, han afirmado este martes que la tramitación de las 25 facturas menores del caso Comercio, en el que se juzga al exalcalde socialista de la ciudad, Gabriel Echávarri, por un delito de prevaricación administrativa, se tendrían que haber tramitado como una contratación por lotes dentro de un mismo contrato.

Ambos han declarado en calidad de testigos en la segunda sesión del juicio en el que también se juzga a dos asesores de Echávarri en la Audiencia provincial.

Los dos funcionarios han coincidido con la opinión del alcalde actual, el 'popular' Luis Barcala, que ha indicado a preguntas del Ministerio Fiscal, que puso la denuncia por presunto fraccionamiento de contratos después de conocer que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante del 4 de abril había anulado 25 contratos menores tras las objeciones planteadas por Diego Agulló y Francisco Guardiola.

Luis Barcala ha explicado que tras consultar los informes "de reparos" realizados por los técnicos municipales y los 25 expedientes, tuvieron constancia de que no figuraban en ellos la firma de ningún técnico municipal y tampoco había ningún informe o expediente correspondiente a las órdenes de pago. "Tan solo figuraba en exclusiva la firma del entonces alcalde, Gabriel Echávarri", ha dicho el primer edil.

Barcala dice que puso la denuncia por presunto fraccionamiento de contratos después de conocer que la Junta de Gobierno había anulado 25 contratos menores tras las objeciones planteadas por los técnicos

Luis Barcala, entonces portavoz del grupo 'popular', se ha pronunciado así, durante su declaración como testigo de la acusación, en el juicio contra Gabriel Echávarri; su jefe de gabinete Lalo Díez y el asesor y exresponsable de Comercio por delegación, Pedro de Gea, para los que el Ministerio Fiscal pide diez años de inhabilitación para cargo electo por prevaricación continuada al considerar en sus calificaciones previas que hubo fraccionamiento de contratos "deliberado" y "reiterado".

Se investigan un total de 25 facturas dirigidas a la promoción publicitaria del Comercio, a la financiación y promoción publicitaria de la Gala de los premios del Comercio 2016 y a la renovación de la cartelería y señalética de los Mercados Municipales y un mercadillo por 189.762,86 euros.

Cuestionan la tramitación

El interventor general ha indicado, a preguntas del Ministerio Fiscal, que tras conocer las objeciones de Diego Agullo, que "entendía que se tenía que aplicar el artículo 86.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y tramitar las facturas como un expediente de contratación por lotes", le llevó a solicitar la nulidad de los 25 contratos y el reconocimiento extrajudicial de crédito para poder abonar las facturas ya emitidas y evitar el daño a los proveedores.

Francisco Guardiola ha explicado, además, a petición de las defensas, que, tras la realización de su propio análisis, ante la ausencia de expedientes, le llevó a concluir que "todo era publicidad con matices", y pese a que hizo grupos, "cada uno de los grupos excedía del contrato menor".

Por último, Guardiola ha señalado que "estábamos ante un problema y teníamos que encontrar una solución", y que esta pasaba por la petición de un informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alicante, sobre la tramitación adecuada de las facturas y sobre el mecanismo que le permitiera realizar un reconocimiento extrajudicial de crédito que se llevaría posteriormente a la Junta de Gobierno para su aprobación, "pero pese a la insistencia, la asesoría jurídica se negó a entrar en el fondo", ha dicho.

Por su parte, Diego Agulló ha asegurado que nunca habría aconsejado que se hubiera tramitado de la manera en la que se hizo y que lo correcto hubiera sido una contratación por lotes, pero en un mismo contrato. "En la Concejalía, varios técnicos no hemos podido definir y separar las facturas, para tramitarlas al margen de una Unidad Funcional", ha afirmado.

Diego Agulló: "En la Concejalía, varios técnicos no hemos podido definir y separar las facturas, para tramitarlas al margen de una Unidad Funcional"

El técnico municipal ha dicho que se dio cuenta de la presunta tramitación irregular de los contratos cuando le fueron llegando las facturas y, exceptuando uno de ellos, ninguno de los servicios había sido solicitados por los técnicos de la Concejalía.

"Eran facturas que no he encargado y, por tanto, no podía firmar el conforme, por lo que directamente iban a la firma del alcalde", ha añadido Agulló. Y ha agregado: "A mí me costaba que el que firmaba era el alcalde".

Diego Agulló ha recordado que adjuntó tres informes en los que advertía al Interventor que podría haberse incurrido en un fraccionamiento del objeto del contrato al haberse excedido el límite que posibilitaba la adjudicación de estos servicios.