Caso Brugal: el contrato de la basura salpica a 2 exalcaldes del PP de Orihuela

El fiscal Anticorrupción ha asegurado durante la exposición de conclusiones del juicio del caso Brugal, en la parte relativa a las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, que las pruebas contra el empresario Ángel Fenoll y los exalcaldes del PP de la localidad, Mónica Lorente y José Manuel Medina, previas al 15 de enero de 2008, son "contundentes".

El representante del ministerio público ha defendido este miércoles en el juicio, que se celebra en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche, que pese a la nulidad de algunas de las conversaciones en la causa, acordada por la propia Audiencia en abril de este año, existen pruebas que justifican este procedimiento y que "cuentan con una plena eficacia probatoria".

Según el fiscal, hasta el 15 de enero de 2008, hay "indicios suficientes" contra el principal acusado Ángel Fenoll, de cohecho, extorsión a responsable políticos, intervenciones en campaña electoral y creación de un entramado de empresas para acceder a la adjudicación de la contrata de basuras, que el propio empresario mantenía sin contrato con la mercantil Colsur SL. desde 1993.

La Audiencia Provincial juzga a 34 personas, empresarios y políticos de la Vega Baja - dos exalcaldes y siete concejales -, por el supuesto amaño de la contrata de basuras de Orihuela para la que el empresario Ángel Fenoll supuestamente creó una trama para extorsionar a José Manuel Medina y a Mónica Lorente, además de a otros políticos a los que grabó para conseguir "doblegar su voluntad".

El fiscal que hay "indicios suficientes" contra el principal acusado Ángel Fenoll, de cohecho, extorsión a responsables políticos, intervenciones en campaña electoral y creación de un entramado de empresas para acceder a la adjudicación de la contrata de basuras

El fiscal mantiene la petición de 37 años y 8 meses de cárcel para Fenoll; 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho para Medina, ocho años de cárcel por prevaricación para Lorente.

El fiscal ha rechazado la petición de nulidad por parte de las defensas de los acusados de una significativa variedad de pruebas, al estar sustentadas, ha dicho, en declaraciones "libres" y "espontáneas" de los procesados. Se trata de algunas de las pruebas obtenidas, aunque no en exclusiva, de las conversaciones grabadas a partir del 15 de enero de 2008.

El fiscal mantiene la petición de 37 años y 8 meses de cárcel para Fenoll; 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho para Medina, ocho años de cárcel por prevaricación para Lorente

Asimismo, para el Ministerio Fiscal las pruebas obtenidas de "conversaciones entrelazadas" entre el terminal de Fenoll, anulado y otros terminales intervenidos legalmente, constituyen una "fuente independiente de prueba".

Por último, el Ministerio Fiscal ha hecho alusión a la "conexión casual" en la obtención de pruebas, como resultado de la vigilancia policial al margen de que también las pruebas figuraran en las conversaciones anuladas. Entre ellas, ha destacado los registros policiales que fueron ordenados por el juez de instrucción con indicios suficientes para que se realizaran "de forma motivada, proporcionada y justificada", ya que se debieron originalmente a la investigación que ya se estaba llevando a cabo sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

Adjudicaciones fraudulentas

Para el Ministerio Fiscal ha quedado demostrado que la adjudicación de la contrata de limpieza y recogida de residuos de Orihuela en 2008 - bajo el mandato de Mónica Lorente-, a la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast (las dos últimas, en manos de Fenoll creadas para la ocasión), fue una "adjudicación fraudulenta" al formar parte la UTE de un "tejido empresarial" urdido para hacerse con el servicio municipal.

El ministerio fiscal ha indicado que, pese a que el interventor del Ayuntamiento de Orihuela puso "reparos", en varias ocasiones, las facturas se abonaron a la mercantil Colsur S.A, sin contrato, y tras el preceptivo visto bueno de los alcaldes de Orihuela. El fiscal Anticorrupción ha indicado que los pagos se realizaron con el pleno conocimiento las sucesivas Juntas de Gobierno, y posteriormente el pleno municipal lo refrendaba.

Asegura que es una irregularidad en la tramitación, pero también una irregularidad, según el Fiscal, que "hay que poner en relación con la campaña electoral, en la que colaboró el acusado principal".