Benidorm pagará 1,2 millones por dos sentencias desfavorables
Gobierno y oposición se culpan mutuamente de los fallos judiciales que obligan al Ayuntamiento a asumir las deudas de una concesionaria y a pagar por una publicidad no reconocida.
Taxis de Benidorm
El Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a recibir otro varapalo judicial que se suma a otro que le obliga a modificar el Reglamento del servicio del taxi, del que ya hemos informado en EsdiarioCV. En este caso la repercusión será mucho más negativa porque supone un fuerte desembolso económico que llega producto de dos sentencias desfavorables, a las que ha tenido acceso este diario, que ascenderá a alrededor de 1,2 millones de euros.
La primera sentencia tiene que ver con la anterior empresa de la zona azul y estacionamiento vigilado, Park Control 2000. El fallo del Tribunal Superior de Justicia obliga al Ayuntamiento a pagar como “responsable solidario” la cantidad de 743.372 euros, que resulta de las deudas contraídas por la mercantil por el impago de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores.
Los hechos comienzan en 2010 cuando el Ayuntamiento, entonces en manos del PSOE, tuvo conocimiento de las deudas de la concesionaria con la Seguridad Social. El gobierno trató en aquellos momentos de resolver el contrato, pero se topó con los dictámenes contrarios del Consell Jurídic Consultiu. Un motivo que el TSJ desmonta al indicar en la sentencia que los pronunciamientos del órgano consultivo solo eran “preceptivos, pero no vinculantes”.
De hecho, la sentencia indica más adelante que el Ayuntamiento es considerado responsable solidario de la deuda de la empresa porque “no estaba vinculado” por el dictamen del Consell Jurídic Consultiu y porque “debió resolver el contrato en 2011, a lo sumo en 2012”. Sin embargo, el contrato no se rescindió hasta mayo de 2015.
El grupo socialista ha sido el primero en hacerse eco de la sentencia. Y lo ha hecho para culpar al gobierno popular, que en aquellos años estaba en la oposición, de haber trazado en su día una “estrategia conjunta con la concesionaria” que motivó estos perjuicios al Ayuntamiento, según el portavoz Rubén Martínez.
El gobierno local, por boca de la portavoz Lourdes Caselles, ha desviado toda la responsabilidad en el PSOE “porque no se leyeron nuestras alegaciones al pliego de condiciones del nuevo contrato”. En aquellas alegaciones, los populares proponían que la nueva empresa concesionaria se hiciera cargo de las deudas y responsabilidades “que pudiera tener con Hacienda y la Seguridad Social” la anterior mercantil.
En cuanto a la segunda sentencia, el Ayuntamiento también ha sido condenado a pagar 421.930 euros más los intereses legales por encargos publicitarios no reconocidos ni pagados a un medio de comunicación de tirada nacional. Esos hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2006 y el Ayuntamiento fue demandado por el medio de comunicación por incumplimiento contractual.
En este punto, la portavoz popular ha admitido que el impago se produjo durante años de mandato del PP, pero ha recordado que el gobierno formado por PSOE-Liberales fue el que decidió “excluirlas esas facturas del Plan de Pago a Proveedores de 2012, impidiendo así su abono”.
Pese a todo, el camino para hacer frente a las dos resoluciones judiciales está despejado puesto que el dinero necesario ya está consignado. Ha sido necesario hacer algunas modificaciones presupuestarias. Así, el 27 de noviembre pasado el alcalde aprobó detraer 680.000 euros de la partida para hacer frente al incremento de retribuciones previsto en la Relación de Puestos de Trabajo municipal. También se han desviado 347.000 euros de gastos de la Seguridad Social de los funcionarios. Y a ello se suman otros 180.000 euros que ya fueron retirados en su día de la partida de la RPT.
Este hecho ha llamado la atención del portavoz socialista, Rubén Martínez, puesto que el Sindicato de Policía Local y Bomberos (SPPLB) había informado el día anterior en un comunicado que el propio alcalde les había dicho que la partida para la aplicación de la Valoración de Puestos de Trabajo “ni se ha modificado ni se va a hacer”.
Para Martínez alguien no está diciendo la verdad. “Está claro que la modificación presupuestaria se hizo el pasado día 27 porque así consta. Pero no sabemos si miente el sindicato al transmitir las palabras del alcalde o mintió el alcalde cuando le dijo al sindicato que la partida presupuestaria no se iba a modificar”.