Ortiz acepta dos años de prisión por el 'amaño' del PGOU de Alicante
Enrique Ortiz.
El empresario Enrique Ortiz ha alcanzado un acuerdo con Fiscalía y resto de acusaciones por el que acepta una pena de dos años de prisión más el pago de una multa de casi 900.000 euros por corrupción de autoridades, tráfico de influencias, así como de cooperador necesario para un delito continuado de prevaricación, en la causa del caso Brugal relativa al supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU), proceso en el que también figuran como acusados los exalcaldes 'populares' de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y que estaba señalado para juicio el próximo 30 de junio.
De esa manera, Fiscalía rebaja en seis años la pena que solicitaba en sus calificaciones provisionales para el empresario alicantino, a quien pedía ocho años de prisión y diez de inhabilitación.
El acuerdo, alcanzado con Fiscalía Anticorrupción, acusación particular y popular presentado ante la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, supone, además, que el constructor alicantino deberá consignar 713.000 euros en concepto de responsabilidad civil al Ayuntamiento de Alicante.
Junto al constructor, otros dos empresarios Virgilio Salvador Ortiz Selfa -hermano suyo- y Santiago Bernáldez aceptan su responsabilidad como cómplices del delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos. En todos ellos, según consta en el escrito de conformidad de fecha 9 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, se tienen en cuenta las dilaciones indebidas del proceso no imputables a los condenados.
Por todo ello, Enrique Ortiz acepta un año y medio de prisión y 356.500 euros de multa por el delito continuado de corrupción de autoridades y seis meses de prisión y 526.200 euros de multa por un cuarto del beneficio perseguido (dos millones de euros) por el delito de tráfico de influencias. Virgilio Salvador Ortiz y Santiago Bernáldez aceptan tres meses de prisión por corrupción de autoridades y una multa, cada uno, 81.000 euros.
Indemnizar al Ayuntamiento
Asimismo, Enrique Ortiz deberá indemnizar, como responsabilidad civil, al Ayuntamiento de Alicante con 713.000 euros en concepto de gastos por la tramitación del PGOU, mientras que Salvador y Bernáldez lo harán en la cantidad de 20.250 euros.
El acuerdo con Ortiz es el segundo que cierra Fiscalía Anticorrupción en la pieza separada del caso Brugal sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante.
El primer acuerdo, del pasado 7 de febrero, con el empresario ilicitano Ramón Salvador, fue ya ratificado por la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante. Salvador aceptó tres meses de prisión y una multa de 14.500 euros por haber negociado la recalificación de terrenos con el abogado Francisco Javier Gutiérrez, en ese momento colaborador en la redacción del planeamiento, y José Luis Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
En esta pieza, Anticorrupción solicita 10 años de prisión para los exalcaldes 'populares' Alperi y Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 y 24 años, respectivamente, por delitos de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencia. A Castedo además, le suma prevaricación.