El Fiscal intenta evitar la declaración de Fenoll por el PGOU de Alicante
Las defensas de Ortiz, Castedo y Alperi quieren demostrar que se vulneraron derechos fundamentales y se incumplieron las normas de competencia jurisdiccional
La clave de este juicio está en las grabaciones efectuadas a los acusados, principalmente en las que aparecen conversaciones entre Enrique Ortiz, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi –empresario y exalcaldes de Alicante respectivamente-. La estrategia de las defensas pasa por anular los audios, bajo el argumento de que fueron interceptados vulnerando los derechos fundamentales de los acusados, con intromisión a su intimidad y sin orden judicial expresa para la gran mayoría de ellas.
Manipulación de grabaciones
Para armar la reclamación de anulación de escuchas el abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha propuesto como testigo al empresario Ángel Fenol –absuelto recientemente por el caso Brugal-, al considerar que las causas tienen relación, por haberlas conectado irregularmente la acusación de aquel procedimiento. El letrado quiere poner de manifiesto la manipulación de las grabaciones, como afirma que quedó demostrado en sentencia definitiva del pasado 10 de junio en la causa por el juicio de ‘las basuras’ de Orihuela.
Por su parte el fiscal, Felipe Briones, ha negado tal manipulación de los audios, argumentando que los que se presentaron eran meras copias, por lo que ha solicitado que se traigan al sumario los CD originales, donde estarían las grabaciones íntegras de las conversaciones interceptadas durante la investigación.
El abogado de los socios del bufete Salvetti, Bernardo del Rosal, ha solicitado que se expulse a la acusación popular –representada por el abogado de EU-, al entender que es una persecución política hacia sus representados, que se remonta a la etapa de cuando Sonia Castedo era alcaldesa de Alicante.
Con la sesión de hoy concluyen las cuestiones previas como acto preparativo del juicio. En septiembre se retoma la actividad de este procedimiento, donde se practicarán las pruebas aceptadas por el tribunal y se escucharán las declaraciones de testigos y peritos citados en la causa, para determinar si hubo o no amaño en la planificación del Plan General de ordenación Urbana de Alicante (PGOU)