El Ayuntamiento insta al Gobierno a no apropiarse del ahorro de los alicantinos
El equipo de gobierno pide poder disponer del superávit para cubrir las necesidades sociales, ayudas a autónomos y pequeñas empresas y dar apoyo al turismo y al comercio local
El equipo de gobierno de Alicante reclama poder utilizar el remanente para destinarlo a políticas sociales y ayudas en la ciudad
La portavoz del PP, Mari Carmen de España, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, José Luis Berenguer, han presentado una Declaración Institucional para ser debatida en el pleno ordinario de julio por la que se insta al Gobierno a no apropiarse de los recursos locales, que son fruto del ahorro de los alicantinos. Esta DI se lleva a pleno coincidiendo con la decisión del equipo de gobierno de proceder a la cancelación de todos los créditos vivos, con lo que la corporación alicantina se convierte en uno de los pocos ayuntamientos de España con deuda 0. Esta cancelación se ha hecho usando parte del dinero retenido en las cuentas municipales, que está bajo amenaza de incautación por parte el Ejecutivo central y que el Gobierno sólo ha permitido usar de forma muy limitada para atender algunas de las necesidades surgidas por la Covid 19. A través de la FEMP, el Ayuntamiento ha podido saber que el Ejecutivo central baraja apropiarse de esos fondos sin que existan garantías de que ese dinero pueda revertir en la ciudad de Alicante.
La Declaración Institucional del equipo de gobierno para que el Ejecutivo central no se incaute de ese dinero y lo ponga a disposición del municipio se justifica precisamente en todas las actuaciones que a nivel local se han llevado a cabo durante la pandemia.
El documento señala que las entidades locales -de todo signo político- a través de los órganos de la FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno de España medidas como:
- Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que todas los ayuntamientos puedan disponer del 100% los remanentes de Tesorería -sus "ahorros", los "ahorros de los vecinos"- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el cálculo de la Regla de Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.
- Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades para poder compensar el impacto de la COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.
- Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020.
- Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
La DI del equipo de gobierno solicita el apoyo del pleno para manifestar:
- El compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.
- El profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo.
Y al mismo tiempo, instar al gobierno de España a:
- Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
- Atender las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que puedan disponer del 100% sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos de la COVID-19.
- Que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP.
- Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.