Primer gran acuerdo entre PP y Compromís

Lo que el dinero une que no lo separe la ideología. Eso han debido pensar alcaldes de signos tan dispares como los de Alicante, Murcia, Zaragoza y Madrid (PP), Valencia (Compromís), Lleida (ERC), Cádiz (Podemos), Granada (Cs), Pontevedra (BNG), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Reus (JxCat). Tienen en común que son alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes –no gobernadas por el PSOE- y que defienden su remanente de tesorería de la intención del gobierno de llevarse los ahorros que tanto esfuerzo les ha costado reunir.

Los alcaldes de Alicante y Valencia, Luis Barcala y Joan Ribó, se ha adherido a la «Red de alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes» -junto a las ciudades antes mencionadas- y han suscrito un manifiesto contra la ‘incautación de los superávits municipales’ a los ayuntamientos acordada por el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En el pacto rechazan el acuerdo alcanzado por Hacienda y la FEMP en el que además de apoderarse de los ahorros de sus vecinos, se excluye a los municipios que no tiene superávit del reparto del fondo de 5.000 millones de euros proveniente de los Presupuestos Generales del Estado.

Además critican -como ha denunciado el alcalde de Granada Luis Salvador- que Pedro Sánchez pretende financiar a municipios del PSOE con el acuerdo de la FEMP, a través del reparto de fondos del municipalismo, un asunto que ha generado una brecha política en la FEMP.

Alicante y Valencia reclaman gestionar sus ahorros

Luis Barcala recuerda que “Alicante tiene que afrontar déficits como los 10 millones de euros del autobús urbano y los gastos de la Emergencia Social y Económica ocasionados con el confinamiento por la pandemia”. El alcalde alicantino exige a la FEMP y al Ministerio de Hacienda “la rectificación de forma inmediata de los términos del acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 18.000 millones de euros habilitados por el Gobierno de España".

Más difícil lo tiene Joan Ribó en Valencia, ya que gobierna en coalición con el PSOE. Los socialistas han cerrado filas para defender que el Gobierno de Sánchez ‘gestione’ el remanente y no hay –de momento- voces discordantes entre las grandes ciudades españolas gobernadas por este partido.

Para Ribó “liberar el remante supone que el dinero que el ayuntamiento ha conseguido ahorrar con su buena gestión en años anteriores pueda ser utilizado según sus propios criterios”. Señala que “la propuesta de Hacienda no va en ese camino”. El Ministerio de Hacienda tiene un comportamiento como mínimo paternalista respecto a los municipios", aseguró el alcalde, que compara la oferta de Montero con el recurso que utilizó Cristóbal Montoro bloqueándolos "para tapar completamente los déficits del estado".

Sin embargo, la vicealcaldesa de Valencia –y socia de gobierno de Ribó- Sandra Gómez (PSOE) valora la propuesta de forma positiva y asegura que “esta medida permitirá tener aire para los presupuestos de 2021”.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante –formado por PP y Cs- mantienen la defensa del remanente desde antes de que se firmase el acuerdo entre Hacienda y la FEMP. Aprobaron la cancelación anticipada de toda la deuda municipal, unos 19 millones de euros, “para reducir al máximo las cantidades de remanentes que pudiera incautar el Gobierno y que ahora quedarían en unos 29 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los alicantinos", según ha detallado el alcalde.

Pacto local por la financiación municipal

El pacto de los alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes ha sido suscrito por los máximos representantes de las principales ciudades del país, que reclaman una reunión con el Ministerio de Hacienda para replantear las ayudas estatales a los municipios, reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para el año 2021, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.