Benidorm pide que no se derriben sus Torres Gemelas por "utilidad pública"

El Ayuntamiento de Benidorm continúa indagando en las posibles vías para evitar que se lleve a cabo la demolición de los bloques de Gemelos 28, las conocidas como Torres de Punta Llisera, tal como obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 2017, posterior a otro pronunciamiento del Tribunal Supremo que en 2012 anuló las licencias concedidas.

Según ha podido saber ESdiarioCV, el Ayuntamiento, como parte afectada en el procedimiento de derribo de las torres, ha decidido acudir a “todas las instancias que proceda” para lograr el reconocimiento de “utilidad pública” e “interés municipal” de la no demolición de ambos inmuebles.

De hecho, la Junta de Portavoces ha acordado que al próximo pleno se elevará una propuesta en ese sentido y que esta estará fundamentada en un informe elaborado por el secretario municipal en el que se pone de manifiesto, entre otros aspectos, el elevado coste económico de la demolición para las arcas de la Generalitat –que está cifrado en principio en unos 130 millones de euros- o el hecho de que una vez derribada la edificación ésta pueda volver a levantarse apenas siete u ocho metros más atrás quedando fuera de la línea del dominio público marítimo terrestre.

Conviene recordar que tras la sentencia del TSJ en 2017, y a la vista de las dificultades para ejecutar el mandato judicial, las partes decidieron acudir a la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia a finales de 2019. Un proceso que finalizó el pasado mes de julio sin alcanzar ningún acuerdo. El

extenso informe del secretario municipal, al que ha tenido acceso ESdiarioCV, argumenta como una de las causas la “posición jurídica ultra ortodoxa” de la Corte.

El alto funcionario municipal expone en el documento varias razones para conseguir la declaración de utilidad pública y, por tanto, no proceder al derribo de Gemelos 28. Primero razona que la demolición no impedirá “la posibilidad urbanística de reedificación de la parcela”. Después subraya que la parcela se encuentra fuera del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada y su zona litoral.

'Gasto inútil' y' borchornoso' derribo

Otra de las razones recogidas es el “elevadísimo” coste de eliminación de los bloques. E insiste en que “el precio a soportar no justifica la utilidad pública de la ejecución de la sentencia, antes bien al contrario” afirma el informe. Sobre el montante económico que supondría, el documento asegura que es “absolutamente desmesurado y desproporcionado para el objetivo a alcanzar”. Y añade que dicho gasto “devendrá inútil” porque “podrá reedificarse la parcela y lo único alcanzado es retrasar unos metros la fachada construida del litoral en esa parte del suelo urbano”.

Tampoco el interés público sale beneficiado con la pretendida demolición de los edificios porque, como se indica en el texto del secretario, “ni un solo metro cuadrado de suelo se convertirá en público” ya que la servidumbre no implica un cambio de titularidad de los bienes.

Más allá de las consideraciones objetivas expuestas, el informe también subraya la negativa imagen que se llevarían los espectadores de este “bochornoso” derribo o el coste, condiciones y efectos de la demolición para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio climático y las emisiones de CO2 a la atmósfera, aspectos en los que Benidorm se ha mostrado muy implicado en los últimos años.

Hay más argumentos. El documento deja claro que sería “muy difícil de entender para la sociedad en general” que se gastaran más de 100 millones en demoler un edificio “que a renglón seguido puede edificarse unos pocos metros más atrás”, además de insistir en los “riesgos de los vertidos al mar”. Todo ello le vale al alto funcionario para resumir que la ejecución de la sentencia en lugar de beneficiar el interés general “terminaría perjudicando y lesionando dicho interés”.

Seguridad de los vecinos

Por otra parte, el informe recoge algunas propuestas que justifican la no demolición y apunta algunas alternativas de mejora ambiental del litoral y del uso ciudadano. Entre ellas expone la “protección y arreglo” de los bordes del frente marítimo, el aumento de la seguridad de los vecinos de la zona y usuarios, la construcción de una pasarela peatonal “desde la que se podrá acceder al mar” y, por último, la conversión de toda la planta baja en un espacio público ajardinado como un mirador lúdico y turístico.

De igual modo, el informe propone al pleno que el Ayuntamiento suspenda cualquier trámite que afecte a la demolición de los bloques y que se declare que la no demolición “es un asunto de interés municipal y utilidad pública” tanto por “la realización del proyecto de prolongación del Paseo de Levante” como por la “ineficiencia e ineficacia” de la demolición.