Echávarri recurrirá ante el Supremo su segunda condena por prevaricación

El TSJCV fue muy claro en su sentencia. Consideró demostrado que “el despido se acordó como represalia", después de que el actual alcalde, Luis Barcala -entonces concejal en la oposición-, hubiese registrado la denuncia por el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio. En esa etapa Gabriel Echávarri asumía la delegación de comercio, además de la de Alcalde de Alicante.

Aquella denuncia motivó su primer procesamiento, por el que fue condenado a 12 años de inhabilitación para ocupar cargo público, en sentencia definitiva por el TSJCV. Echávarri recurrió aquél primer fallo en casación, que continúa a la espera de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo.

Represalia a la denuncia por fraccionamiento

Los hechos se remontan a abril de 2017. El concejal socialista, Gabriel Echávarri, había sido denunciado por el fraccionamiento de facturas en su concejalía para favorecer a empresas, hechos que han quedado demostrados en la sentencia del TSJCV.

El TSJ acordó el pasado jueves reducir de nueve a cuatro años y medio la condena de inhabilitación para el desempeño de cargo público impuesta el pasado mes febrero por el caso del despido de la trabajadora interina. La sala de lo Civil y lo Penal considera como “atenuante muy cualificada” la rápida readmisión de la funcionaria destituida.

El exalcalde la readmitió a los pocos días, nada más conocer la denuncia presentada por el PP y aconsejado por sus asesores. Según la sentencia, con esa reincorporación se había conseguido minimizar el perjuicio ocasionado, y mostraba cierta dosis de arrepentimiento al acto impulsivo “y vengativo”, tomado “como represalia”, demostrado durante el juicio contra Luis Barcala, entonces concejal en la oposición.