La Diputación exige al Gobierno una ley ‘Anti Okupas’ para combatir a las mafias
PSOE y Compromís han justificado su rechazo a esta propuesta argumentando que “ya hay mecanismos legislativos para combatir la ocupación ilegal” y acusan “a fondos buitres y a los bancos”
Esta mañana se ha celebrado el pleno telemático de octubre en la Diputación de Alicante
El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana una moción conjunta de los grupos que conforman el equipo de gobierno –PP y Cs- en la que se insta al Ejecutivo central a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de vivienda.
El diputado de Carreteras, Alejandro Morant ha sido el encargado de defender este acuerdo, que ha contado con el voto en contra del grupo Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Morant ha puesto de manifiesto que “lo que se esconde detrás de estas ocupaciones ilegales, en la mayoría de los casos, son mafias y redes de negocios ilegales muy lucrativos” y ha advertido de la situación de degradación que la ocupación ilegal de viviendas provoca en muchos barrios y calles de los municipios. “Hay barrios enteros muriendo por esta lacra”, ha apuntado.
El responsable provincial y alcalde de Busot ha defendido la necesidad de que las administraciones competentes, especialmente la autonómica, genere parques de viviendas públicas para los ciudadanos y familias que se encuentran en situación de emergencia o exclusión social y ha defendido las modificaciones legales y las medidas incluidas en las proposiciones de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, los grupos de la oposición han indicado, para justificar su rechazo a la propuesta, que “ya hay mecanismos legislativos para combatir la ocupación ilegal y lo que falta son recursos en los juzgados”, ha defendido el portavoz de la formación nacionalista, Gerard Fullana, mientras que por el del grupo socialista, Toni Francés ha focalizado el problema en los bancos y fondos buitres “que en muchos casos no denuncian la ocupación ilegal de sus viviendas y, por tanto, no se puede iniciar el trámite de desalojo de oficio”.