Compromís exige priorizar el valenciano para una plaza de peón de cementerio

Los concejales de la coalición Compromís en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, Sergio Agueitos y Teresa Díaz de Mera, han presentado un recurso de reposición contra el concurso para el proceso de selección de un peón de cementerio en el camposanto local.

El motivo es que no conciben que el valenciano esté al mismo nivel de calificación que otros idiomas -como el inglés- alegando que “el conocimiento del idioma propio en el acceso y promoción de los funcionarios públicos se integra dentro de los principios constitucionales de mérito y capacidad para el acceso a la función pública”, remitiéndose a al art. 103.3 de la CE y a la sentencia 46/1991 del TC.

Paralizada la contratación de 40 personas

Con el recurso, los ediles nacionalistas han paralizado la contratación de personal prevista para este inicio de 2021 -en total 40 puestos de trabajo en los diferentes departamentos municipales- ya que afecta a todo el trámite administrativo de la relación de puestos de trabajo municipales que se habían sacado por la Mesa de Negociación. El proceso deberá iniciarse de nuevo, lo que podría demorar hasta en seis meses la regularización de los empleos. En todo ese tiempo, no se podrán consolidar todos esos puestos, es decir, prolonga la inestabilidad de la plantilla municipal

Aunque en el proceso de selección el valenciano figura como un requisito de méritos -al mismo nivel que el inglés-, los ediles de Compromís consideran que “tendría que recogerse en las bases una valoración específica ‘como mérito’ el conocimiento del valenciano como lengua oficial, que está en nuestro territorio”.

Además, e independientemente de este proceso concreto, los ediles la manifiestan en su recurso que “la Administración Local tendría que trabajar la implantación del requisito en aquellos puestos de trabajo donde, por sus funciones, esté justificado”.

Último día

Los dos ediles de la formación de Mónica Oltra han esperado al último de plazo desde la publicación de la convocatoria para tumbar este proceso. Las bases y toda la documentación precisa ya se había publicado en el BOP, DOGV y estaba a punto de hacerse en el BOE.

En su argumentación jurídica, los ediles se remiten a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que entró en vigor en el estado español el 1 de agosto del año 2001. Defienden que “resulta aplicable al caso que aquí nos ocupa y en el territorio valenciano, tal como se manifiesta en el instrumento de ratificación publicado en el BOE n.º 222”