Un año maldito

Esta semana se cumple un año de la excepcionalidad del coronavirus que provocó el inicio de un tiempo que nos gustaría olvidar.

Recuerdo que antes de que se decretara el estado del 14 de marzo, me recluí voluntariamente con mi familia como muchos otros ciudadanos con el lema #yomequedo en casa. Ya sabíamos lo de Wuhan, lo de Italia y se respiraba en el ambiente que algo no andaba bien. Fueron semanas de miedo, preocupación, solidaridad, (aplausos en los balcones) e inquietud. Nos pegábamos al televisor que era la única información oficial que se tenía los primeros días. Pedro Sánchez se colaba en nuestras casas día sí y día también. El ejército hacía operaciones especiales de limpieza y vigilaba las plazas y calles de España en tiempos de paz. Nuestros héroes eran los trabajadores esenciales (supermercados, alimentación) y el profesional sanitario.

Hoy, un año después, seguimos con restricciones de movilidad, con toque de queda, con prohibición de invitar a nadie a casa, con cierre de la hostelería a las 18 horas. Hacemos un poquito más de vida, pero tenemos 70.000 muertos oficiales y menos empresas, más parados y más pobreza.

En el balance; algo positivo que señalar sería que la tecnología salvó puestos de trabajo. En los medios de comunicación, en la enseñanza, en las empresas que pudieron tele-trabajar, la actividad siguió “telemáticamente”.

La crisis también ha puesto en valor la importancia de la sanidad pública. Las políticas de recortes en el servicio esencial de salud no pueden volver a aplicarse.

El coronavirus ha puesto delante de nuestros ojos, la necesidad de invertir en ciencia, Investigación y Desarrollo.

El Coronavirus nos ha enseñado que el Derecho Administrativo ha desplazado al Derecho Constitucional y que la Constitución ha “mutado”

La Covid 19 nos enseñó también que no podemos olvidar que todas las decisiones políticas tienen consecuencias. La definición de servicio esencial o no, ha tenido graves efectos en ciertos colectivos. Yo digo siempre a nuestros jóvenes que no se puede “pasar” de la política.

La crisis ha puesto de relieve lo que siempre hemos sabido, que nuestra sociedad es bastante apática. El miedo al bicho ha favorecido el comportamiento de una ciudadanía poco exigente y nada reivindicativa con las elevadas decisiones restrictivas de Derechos Fundamentales que se han ido plasmando por las administraciones durante este año.

El Coronavirus nos ha enseñado que el Derecho Administrativo ha desplazado al Derecho Constitucional y que la Constitución ha “mutado”. Se dice que una Constitución muta cuando se produce una reforma de la misma sin seguir el procedimiento previsto para ello. Las restricciones de Derechos Fundamentales ya no vienen envueltas en ley orgánica, ni la duración del decreto de estado de alarma es de 15 días, prorrogable por otros 15. La inseguridad jurídica ha reinado en un año donde se han aprobado más de tres mil disposiciones normativas.

Ha faltado una gestión pública inteligente como alternativa al cierre de sectores enteros de actividad

La concentración de medios de comunicación en unos cuantos macro-grupos empresariales ha aminorado la pluralidad informativa. La comunicación pública de la crisis ha sido bastante homogénea y se ha impuesto un único relato oficial sobre el coronavirus y sus efectos sobre la salud. Ser crítica con el gobierno te convierte de modo inmediato en negacionista o facha.

Dos consideraciones finales:

Ha faltado una gestión pública inteligente como alternativa al cierre de sectores enteros de actividad. Portavoces autorizados de estos colectivos han puesto sobre la mesa medidas que no han sido estudiadas ni admitidas.

También ha faltado mucha empatía de nuestros políticos respecto a las necesidades de los ciudadanos pertenecientes a colectivos “no esenciales”.

Victoria Rodríguez Blanco

Jurista y politóloga