Enviaban desde Alicante uniformes militares, explosivos y dinero para yihadistas
El fiscal pide penas de entre 13 y 28 años de prisión por delitos de pertenencia a organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, tenencia de armas y blanqueo de capitales
En la imagen, un momento del juicio celebrado en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio contra Ammar T. y otros seis acusados de integrar una organización que, presuntamente, envió desde España a Siria e Irak material para los grupos terroristas Dáesh y Jabhat al Nusra, sobre todo uniformes militares, pero también armas, explosivos, equipos electrónicos y de transmisiones y dinero.
Uno de los agentes que han testificado ha explicado que Ammar T. realizaba los envíos utilizando la empresa de exportación que había constituido en Crevillente, camuflados en mercancías de ropa usada dentro de contenedores desde puertos españoles como el de Valencia hasta el turco de Mersin.
Según el escrito de acusación, posteriormente trasladaban el material hasta zonas de conflicto de Siria especialmente en las que estaba asentada Jabhat al Nusra, como Idlib y Alepo.
Este policía ha relatado que descubrieron el perfil de Facebook de Amma T., donde comprobaron en 2013 sus vínculos con grupos armados de Idlib, a donde solía viajar, y que publicó fotos con amas de guerra, además de posicionarse en sus comentarios en árabe a favor de los grupos yihadistas insurgentes.
Este y otra agente que participaron en el registro de las naves de Ammar T. en Crevillente han recordado que duró mucho tiempo pues tuvieron que abrir las cientos de balas de ropa usada que se encontraba almacenada y que descubrieron escondidas más de una decena de color rojo llenas de uniformes militares.
Difícil de vigilar
El primer testigo ha relatado que en ocasiones era difícil realizar la vigilancia a Ammar T. porque conducía su vehículo a gran velocidad, incluso a 180 kilómetros por hora, y era habitual que realizara viajes a países como Siria, Turquía, Marruecos y Reino Unido.
Ha agregado que en su teléfono móvil encontraron contactos internacionales que les hizo sospechar que también gestionaban el envió de mercancías desde otros países con el material militar que le reclamaban desde Siria.
El fiscal pide en sus conclusiones provisionales penas de entre 13 y 28 años de prisión para los acusados como presuntos autores de delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales.