Anticorrupción investiga a PSOE y Compromís por adjudicar ’a dedo’ 1,5 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche, compuesto por PSOE y Compromís, -con el alcalde Carlos González a la cabeza- por los presuntos delitos de prevaricación y fraude. Esta acción es consecuencia de la denuncia que presentó el pasado 18 de marzo el portavoz del Partido Popular ilicitano, Claudio Guilabert, por “presuntos fraccionamientos de contratos, para eludir el procedimiento legalmente establecido y adjudicarlos de manera arbitraria a las empresas que el PSOE y Compromís decidían”.La denuncia consta de un total de 676 facturas, en las que existían reparos de intervención, por un valor de 961.169€ en 2019 y 585.428€ en 2020, y en las que los populares denuncian haber encontrado “cómo el Ayuntamiento solicitaba servicios sin contrato a determinados proveedores o cómo se fraccionaban contratos para no someterlos a licitación, según se desprende de los informes de la intervención municipal”, tal y como ha indicado Guilabert.

La Fiscalía Anticorrupción ha llamado a declarar a la exinterventora, Inmaculada Sánchez, y al actual interventor, Víctor Martí, como testigos para el próximo día 20 de mayo, para determinar si existen indicios razonables de delito en esta causa e iniciar un procedimiento judicial o proceder a su archivo.

El portavoz popular asegura que en varias facturas se detalla “la misma naturaleza y objeto, lo que debía haberse licitado como un único contrato”, según la Ley de contratos de las Administraciones públicas, “no existiendo justificación alguna para su presunto fraccionamiento”, según ha señalado el presidente del PP de Elche y senador por Alicante, Pablo Ruz.

Ruz ha señalado que la denuncia está sustentada en los informes de intervención donde se recoge por ejemplo que “ya se puso de manifiesto por parte de esta Intervención que dicho servicio debe ser contratado dado que no es algo puntual sino que se factura mensualmente por los distintos eventos donde interviene dicho proveedor alcanzando su facturación anual en 2018, 29.439,30 euros” o “no cabe realizar un contrato menor para este servicio por un lado porque el importe total es de 27.569,13, no cabe fraccionarlo en dos proveedores como se ha hecho”

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “los contratos de suministro o de servicios con las administraciones públicas superiores a 15.000€ deben someterse a concurso público”, al no considerarse contratos menores, que sí pueden ser adjudicados de manera arbitraria.

El presidente popular asegura que “los señores de PSOE y Compromís –presuntamente- han estado pagando servicios repetitivos con proveedores que han llegado a facturar 30.000 euros”, y ha añadido que “estas acciones no se pueden escudar ni en errores administrativos ni en fallos de los funcionarios públicos porque desde hace más de tres años dos interventores diferentes han advertido de esta mala praxis”.

“Estamos a disposición”

El alcalde de Elche, Carlos González, ha señalado esta mañana que “estamos a disposición de la Justicia para aclarar absolutamente todo y a seguir trabajando con la máxima transparencia. El Equipo de Gobierno tiene máxima voluntad de colaborar en el esclarecimiento de todas las cuestiones que puedan ser planteadas”.

González ha explicado que el Departamento de Gestión Financiera y Tributaria envía al Tribunal de Cuentas todos los informes de reparo, como indica la normativa, y ha subrayado que encargó la elaboración de un Plan de Control Interno para poner medidas adecuadas y solucionar las disfunciones advertidas por el interventor.