El alcalde (PSPV) se planta al interventor en adjudicación ‘a dedo’ de contratos

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, se ha defendido este viernes de las acusaciones del Partido Popular y de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por la gestión del Equipo de Gobierno Municipal en la adjudicación de contratos públicos.

González califica su gestión como “intachable ética y jurídicamente” y defiende que la adjudicación ‘a dedo’ de los contratos menores responde a una actuación “intachable desde el punto de vista ético y jurídico, estricta y rigurosa”, y asegura que está sometido “a todos los controles jurídicos que exige nuestro ordenamiento, es decir, conforme a derecho”.

Un millón y medio de euros

La denuncia presentada por el Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción consta de un total de 676 facturas, en las que existían reparos de intervención, por un valor de 961.169€ en 2019 y 585.428€ en 2020, y en las que los populares denuncian haber encontrado “cómo el Ayuntamiento solicitaba servicios sin contrato a determinados proveedores o cómo se fraccionaban contratos para no someterlos a licitación, según se desprende de los informes de la intervención municipal”, tal y como ha indicado Guilabert.

Facultad del alcalde con los reparos

Respecto a los reparos del interventor municipal, Víctor Martí, -que está llamado a declarar el próximo jueves 20 de mayo- el primer edil ilicitano ha manifestado que “el reparo no prevalece sobre las decisiones de los órganos de Gobierno, sino que plantea una discrepancia motivada”. En este sentido, González –abogado de formación- ha destacado que “la ley faculta al alcalde para poder levantarlo con argumentos”.

Carlos González ha insistido en que “las cuentas de 2019 fueron auditadas sin ninguna observación relevante por parte del Tribunal de Cuentas, y las de 2020 se remitirán una vez se apruebe la Cuenta General”.

El regidor ilicitano ha precisado que “si el Tribunal de Cuentas hubiera advertido alguna práctica irregular con relevancia penal en los reparos del ejercicio de 2019 puestos de manifiesto por el PP, evidentemente hubiera deducido las acciones legales correspondientes, algo que no se ha producido”.El primer edil ilicitano ha estado acompañado en su comparecencia por el portavoz del Gobierno, Héctor Díez; el portavoz adjunto, Ramón Abad; y la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá.

El troceo de facturas que dinamitó a otros

Sin ir más lejos, el fraccionamiento de facturas en la concejalía de comercio de Alicante le costó el cargo al socialista Gabriel Echávarri, que gobernó en la capital entre 2015 y 2018, y se vio obligado a dimitir por dos delitos de prevaricación en los que se le abrió juicio oral y por los que finalmente fue condenado por la Audiencia Provincial.

En aquella ocasión quedó demostrado que Echávarri y sus colaboradores trocearon contratos para eludir la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que “los contratos de suministro o de servicios con las administraciones públicas superiores a 15.000€ deben someterse a concurso público”, al no considerarse contratos menores, que sí pueden ser adjudicados de manera arbitraria. El fraccionamiento tiene como fin no llegar a esa cantidad y burlar el procedimiento de control y el correspondiente concurso público.