Dimisión y nuevo parón en la batalla por la TV de Murcia

En agosto se cumple nada menos que nueve años desde que el Gobierno de la Región de Murcia convocara un concurso para la gestión privada del servicio público de televisión regional 7 TV. Mientras se decide la adjudicataria de uno de los concursos públicos más controvertidos, la firma CBM-Secuoya lleva seis años como adjudicataria "temporal" de una contrato audiovisual valorado en unos cien millones de euros.

El complejo proceso, tal como asumen en el Ejecutivo regional, está generado una singular batalla de intereses. La comunidad autónoma que preside López Miras ya se ha visto obligada por los tribunales a cambiar el pliego de condiciones.

Ahora la Administración murciana podría enfrentarse a una demanda por responsabilidad patrimonial, al haber prorrogado "irregularmente" mediante la figura del contrato de emergencia la concesión del servicio televisivo. El contrato a favor de esta Secuoya ha sido ampliado hasta en cuatro ocasiones, la última el pasado día 29 de junio, lo que ha obligado al Gobierno regional a comprometer unos 13 millones de euros hasta noviembre. El último retraso en la adjudicación ha provocado un profundo malestar entre los aspirantes a dirigir el proyecto regional.

Si en su día fueron cinco los grupos que presentaron su ofertas para gestionar la televisión, la disputa estaría entre la actual beneficiara, Secuoya, y la compañía audiovisual Tcero del que forma parte los dueños de El Pozo y la sociedad alicantina Terrapilar.

La última prórroga del contrato coincide con la dimisión del consejero y hasta hace poco delfín de López Miras, Javier Celdrán, lo que ha generado una añadido más inquietud entre los empresarios y los políticos sobre la objetividad del proceso. El diario La Verdad informa que Tcero va a presentar una nuevo recurso antes el Tribunal Administrativa Contractual relaciones con la marcha del consejero Celdrán y con los problemas que rodean el concurso.

"La complejidad de las ofertas técnicas", el argumento ofrecido por el Ejecutivo de López Miras para justificar la dilación, no parece suficiente para explicar una decisión que en el caso de otros procesos similares, como en el caso de la televisión pública valenciana, À Punt, se zanjó en un par de años. El foco estaría en la presunta falta de operatividad de una administración regional enredada cada vez más en asuntos propios que en la gestión de la comunidad.