Tribunal de Cuentas e independencia

Transcribo literalmente el art. 136.1 de la Constitución Española, que se refiere al Tribunal de Cuentas: “El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado”. En el Tribunal de Cuentas se da la paradoja de que se trata de un órgano jurisdiccional, a pesar de que no pertenezca al Poder Judicial, lo mismo que ocurre con el Tribunal Constitucional. Sus resoluciones son ejecutivas, lo que significa que han de cumplirse, y son recurribles conforme a las normas de la jurisdicción contencioso-administrativa. Estamos, pues, ante un tribunal con todas las de la ley, si bien con ciertas particularidades.

El Tribunal de Cuentas lleva tiempo tramitando un expediente relacionado con la actuación de los golpistas catalanes, recientemente indultados por el Gobierno de la nación. El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en marzo de 2019 el Informe de Fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las Políticas de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los ejercicios 2011-2017. Son cerca de 400 folios de prosa castellana, más clara que el agua, que ponen de manifiesto cómo presuntamente la Generalitat de Cataluña ha estado usando de los recursos públicos para conseguir llevar a buen término su propaganda secesionista en el ámbito internacional, mediante una acción coordinada y planificada. Menos mal que Garganta Profunda me ha ayudado a enterarme de todo este asunto, gracias. Se lo digo en pocas palabras, para evitarles tener que leerse el mamotreto, cosa a la que yo misma he renunciado, porque no estamos para derroches de tiempo en esta época del año en que, como siempre, parece que esto fuera el fin del mundo y los juzgados andan notificando señalamientos como si no hubiera un mañana. Si les diera por leérselo, el Informe, digo, allá ustedes. Que conste que les he avisado, pues con solo una página pueden sufrir un principio de urticaria; tengan a mano al menos unas gaseosas El Tigre, para facilitar eso de las regurgitaciones tras la que, les auguro, será una pesadísima digestión. Y es que resulta cuanto menos duro de tragar, y sigo con lo del proceso digestivo, que una persona que tiene que contribuir al fisco en su declaración de la renta, lo que está tan caliente, además, y en sus pagos trimestrales a cuenta del IVA, para los que nos queda hasta el día 20 de este mes, vea cómo todo apunta a que unos morrudos se han dedicado a destinar el dinero de todos los españoles a financiar su propaganda secesionista.

Como el Gobierno está de buen rollito con los indepes porque lo sostienen en el poder, pretende hacernos comulgar con ruedas de molino, y hacernos creer que ese procedimiento que hay abierto en el Tribunal de Cuentas, por presunta responsabilidad contable en relación con los gastos que la administración catalana dedicó a conseguir adeptos internacionales, es también materia susceptible de indulto, como lo han sido las condenas penales. Sin profundizar en el asunto desde el punto de vista jurídico, creo que no tiene que ver una cosa con otra: un hecho se refiere a la propaganda internacional y el posible desvío de fondos públicos para financiarlo y el otro a los delitos cometidos por haber proclamado la independencia de Cataluña. Que no nos mezclen el culo con las témporas, que tan lelos no somos.

Esperemos que los consejeros del Tribunal se sepan vestir por los pies

Lo cierto y verdad es que la instructora les ha dado a los casi cuarenta investigados un plazo de quince días hábiles, que según mis cálculos terminaría el día 19 de julio, para depositar la nada módica cifra de 5.422.411,1€, y así afianzar el principal e intereses del importe dedicado al jolgorio promocional. Jolgorio que según el Informe del Tribunal se habría financiado a costa de su bolsillo y del mío, no del suyo propio de los secesionistas, lo que habría sido infinitamente menos sangrante y más coherente con su deseo de ser independientes. Parece lo de los chavales de ahora, “dame pasta, mamá, que me voy de casa”. Es brutal. Hecho así, a costa del erario es-pa-ñol, suena a la república independiente de mi casa, como dice el anuncio de no sé qué grandes almacenes. Y Puigdemont y sus cuarenta ayudantes tendrán que ver de dónde sacarlo, eso si no echan mano de la esquilmada teta pública para hacer el depósito requerido, en un bucle sin fin de las gallinas que entran por las que salen, pues, en caso de no realizar las consignaciones a tiempo, el Tribunal les embargará sus propios bienes, esta vez sí los de Puigdemont y compañía, para que experimenten en sus propias carnes lo que cuestan las juergas. Visto lo visto, esto parece una peli de Berlanga, haciendo un remake de alguna de Capone, pero a la española.

Esperemos que el Gobierno se contenga en su afán por ponerles la alfombra roja a los independentistas, pues por mucho que quisiera en este asunto no va a poder actuar. Al menos, no directamente. Y también esperemos que los consejeros del Tribunal, que simpatizan de manera pública y notoria con un partido o con otro, lo que es habitual en este país en que las instituciones están lamentablemente tan politizadas, se sepan vestir por los pies.

Mónica Nombela Olmo

​Abogada y escritora