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La sentencia

Cuando la sociedad es capaz de actuar como fiscal, acusación, juez y verdugo y condena al encausado por adelantado los días son tremendos y dejas de leer el periódico y la radio o televisión

Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Luis Díaz Alperi

Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Luis Díaz Alperi

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Juan Navarro

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El sábado 5 de enero de 1991, el Presidente de la Diputación llegó a su casa; un familiar le preguntó: “Es cierto lo que pone el periódico”. Marchó rápido al Colegio de huérfanos de ferroviarios donde se iba a celebrar una asamblea del PSOE y le propinó un guantazo al Alcalde de la ciudad. El 22 de marzo de 1991 fue condenado por la Audiencia Provincial por “negociación prohibida a funcionarios”, inhabilitado de cualquier cargo público y multa de cien mil pesetas. Dos días después dimitió uno de los mejores políticos de la Provincia de Alicante. El 21 de octubre de 1992 el Tribunal Supremo anuló la sentencia y manifestó que “no había habido delito”. El daño ya estaba hecho. No hubo marcha atrás y Alicante, como dije, perdió a uno de sus políticos mejor preparado y más inteligente.

La Audiencia Provincial ha dictado sentencia en el juicio seguido contra Sonia Castedo Ramos, Luis Bernardo Díaz Alperi, Enrique Tomás Francisco Ortiz Selfa, Ramón Salvador y otros, en el conocido como “Caso Brugal”. Absuelve a Sonia Castedo y otros y condena a Enrique Ortiz y a Luis Díaz Alperi a sendas multas de 18.000 y 6.000 euros respectivamente.

Sonia Castedo (Ribadeo, 1970), accede en 2008 a la alcaldía por dimisión de Alperi. En 2010 fue acusada por la fiscalía anticorrupción; en 2011 revalidó en las urnas su condición de alcaldesa logrando 18 concejales; el mejor resultado del PP en Alicante y en 2012 fue imputada por el TSJ dimitiendo en diciembre de 2014. En julio de 2021, nueve años después, es declarada absuelta de todos los cargos contra ella.

El estado de derecho se caracteriza por la separación de poderes que estableció Charles de Secondat, barón de Montesquieu en su “Espíritu de las leyes” (1748) con el fin de equilibrar el poder de Louis XV, rey absoluto de Francia. “Los jueces deben ser la voz muda de la justicia que pronuncian las palabras de la ley”. Esa voz muda que los jueces interpretan, debe acatarse se esté o no de acuerdo. Pero desde que se imputa a una persona, finaliza la instrucción, se celebra el juicio y se dicta sentencia han pasado nueve años, tiempo excesivo sobre todo para el acusado.

Leer las declaraciones de Bellido o Pavón me producen repulsión y transforman el estado de derecho en estado de desecho

Imagino que Castedo tendrá familia que le preguntará si lo que indican los “papeles” es cierto y ha cometido hechos delictivos. Los amigos, que aparecen cuando estás en la cúspide y desaparecen cuando caes en desgracia, también preguntan mientras tú observas cómo disminuyen las llamadas y c aumentan las excusas. Pero lo más terrible es la sentencia sociológica. Cuando la sociedad, sin el más mínimo conocimiento del caso, es capaz de actuar como fiscal, acusación, juez y verdugo y condena al encausado por adelantado los días son tremendos y cada día que pasa dejas de leer el periódico y poner la radio o ver televisión. Cuando duermes, sueñas que todo es irreal y te han absuelto en el juicio, el despetar te devuelve a la realidad y tienes que sobrellevar esa carga otro día más.

Luego el juicio, te absuelven, y ya está. Por el camino has dejado amigos, proyectos, trabajo, ilusiones y has recibido presiones, amenazas e incluso el riesgo del gran silencio en tu cerebro: la depresión. ¿Quién es el responsable de todo ello?, ¿los adversarios políticos, los medios de comunicación, la fiscalía que no estudió bien el tema, el juez instructor que no instruyó correctamente?, yo desconozco quién o quienes pueden ser responsables pero alguien debería decir algo, reconocer su error e intentar remediarlo aunque el daño ya está hecho. Y por encima de todo eso, todavía hay muchas personas, los hemos oído en radio y leído en periódicos, que no es que discrepen de la sentencia, es que no la aceptan. Leer las declaraciones de Bellido o Pavón me producen repulsión y transforman el estado de derecho en estado de desecho.

A Alperi, Ortiz y alguno más los conozco personalmente, a Sonia Castedo no, por eso he hablado de ella y comprendo lo que habrá pasado. El General Franco, cuando firmaba una pena de muerte añadía de su puño y letra: “garrote” que únicamente transformaba en “fusilamiento” si se trataba de algún militar conocido pero cuando realmente quería traspasar los límites de la crueldad agregaba en lápiz rojo: “garrote y prensa”.

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