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La hostelería denuncia por prevaricación al comité de expertos de Ximo Puig

La Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante incluye en la denuncia escrita una presunta malversación de caudales y falsificación de documentos

Javier Galdeano, presidente de ALROA, en las puertas del juzgado con la denuncia en la mano

Javier Galdeano, presidente de ALROA, en las puertas del juzgado con la denuncia en la mano

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David Monllor

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La Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA) ha presentado esta mañana la denuncia que venían anunciando en el Juzgado de lo Penal de Benalúa ante la presunta "prevaricación, malversación de caudales y falsificación de documentos", que ha cometido el comité de expertos de la Comunidad Valenciana, que es responsable de la decisión de prorrogar las restricciones sanitarias y el toque de queda en 68 municipios."Hay un oscurantismo que rodea a todo esto. Parece ser que se ha obviado la ley de transparencia con los supuestos integrantes del comité. Hubiera sido fácil que nos respondieran con datos, pero sus respuestas son genéricas, diciendo que no existe una comisión oficial", ha afirmado Javier Galdeano, presidente de ALROA, quien viene batallando por la hostelería desde el año pasado, cuando se celebraron manifestaciones y campañas contra las medidas del Consell.

El pasado lunes se destapó la "mentira" del comité de expertos de Ximo Puig en una rueda de prensa conjunta de ALROA, CEOH Y ARA, en la que se denunció que las reuniones "no generan ningún tipo de documento administrativo, dada su naturaleza no oficial". En la comparecencia acusaron al Consell de seguir una estrategia con la que venían fallando en estas últimas cinco olas de coronavirus."El toque de queda es absolutamente ilegal. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que los toques de queda generalizados están prohibidos. ¿El covid es más contagioso a las dos de la mañana que a las ocho de la tarde? Que nos lo digan los científicos. Los estudios contradicen estas decisiones", ha perorado Galdeano.En cuanto a la posible exigencia de dimisiones, Alroa ha indicado que "esto no es un juicio político, solo queremos que se nos explique a qué responden las decisiones que nos mantienen cerrados desde agosto del año pasado". Además, Galdeano ha recordado que hace meses pidieron más rastreadores: "Simplemente defendemos a nuestro sector. Es la única forma de poder dar la cara frente a ellos", ha concluido.

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