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Un juez deniega el ‘derecho al olvido' de quien procesó a Miguel Hernández

La sentencia desestima la demanda presentada por el hijo del aludido y da prioridad a la "libertad científica" del investigador de la Universidad de Alicante que lo menciona en un artículo

Miguel Hernández durante uno de los traslados al juzgado desde prisión

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado ajustada a derecho la negativa de la Universidad de Alicante (UA) a eliminar de sus buscadores de búsqueda en Internet el nombre del secretario del juzgado que instruyó el procedimiento sumarísimo contra el poeta oriolano Miguel Hernández. La sentencia, que puede ser recurrida en apelación, desestima la demanda por el llamado "derecho al olvido" que había presentado el hijo del aludido contra la resolución dictada el 29 de julio de 2019 por el rector de la institución académica.

El recurrente solicitaba que el repositorio digital de la UA no redirigiera a los internautas al artículo titulado 'El Caso Diego San José y el Juez Humorista' -escrito por el catedrático de Literatura Española Juan Antonio Ríos Carratalá, donde analiza el papel del Juzgado Especial de Prensa entre los años 1939 y 1943- al introducir los datos personales de su progenitor. El magistrado entiende que debe prevalecer "la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público".

"Conocer el nombre de las personas que ejercieron autoridad y funciones públicas, como es el caso del juez y el secretario judicial, además de estar íntimamente relacionado con la finalidad misma del trabajo de investigación, resulta de interés público", concluye el juez.

Según el trabajo del profesor de la UA, el alférez A.L.B.T "realizaba durante la posguerra una labor esencial a las órdenes del juez instructor Manuel Martínez Gargallo: el expurgo, vaciado y/o desaparición de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su objetivo era la búsqueda de «delitos», que agravaba con comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte".