El Colegio de Aparejadores acuerda vender su inmueble de Rafael Altamira

La Junta General de colegiados del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Alicante ha aprobado la adjudicación del edificio propiedad del colegio en la calle Altamira número 9 de Alicante a una de las ofertas presentadas, por una mayoría de superior a dos tercios.. El inmueble, que data de principios del siglo XX y se compone de dos edificios, se emplaza entre las calles Rafael Altamira y Mayor, ofreciendo un excepcional enclave en el corazón de la ciudad a escasos metros del edificio histórico del Ayuntamiento. Se trata de un edificio emblemático que se encuentra catalogado como Bien Inmueble de Relevancia Local.. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento no aplicará el recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que prevé la nueva Ley de Vivienda que ultima el Gobierno central para gravar los pisos vacíos. Barcala ha afirmado que esta medida, contemplada en la normativa que prepara el Ejecutivo de PSOE y Podemos sobre el mercado de la vivienda, supone "un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliaria". . La regulación que se pretende aprobar establece la posibilidad de que los municipios, por medio de sus ayuntamientos, pueden cobrar a los propietarios de viviendas vacías hasta un 150% más en el recibo del IBI, con el objetivo de reducir el 'stock' de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para su puesta en alquiler. Para Barcala, la medida, "además de absurda, es contraproducente", por lo que ha anunciado que "el Ayuntamiento de Alicante no subirá los impuestos a los alicantinos". Barcala ha recordado que su equipo de gobierno ha reducido un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles y ha introducido varias bonificaciones y deducciones en el IBI "para recortar la elevada factura fiscal que pagaban los alicantinos con el tripartito de izquierdas". "Estamos convencidos -ha añadido el alcalde- de que la mejor manera de ayudar a las empresas y familias en esta coyuntura de crisis pasa por aliviar la carga fiscal que arrastran, y no por castigarlos con más impuestos". . El Gobierno ha protagonizado este martes otro de los sainetes que tanto le gustan. PSOE y Podemos se han vuelto a enredar en una guerra por controlar quién anunciaba el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y en qué términos. La pelea por el control de los precios del alquiler, la fijación del impuesto de sociedades en el 15% y la subida salarial a los funcionarios son las cuestiones que tensionan por enésima vez a la coalición, y que siguen sin esconder, sino todo lo contrario.De hecho, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se informaba a primera hora de este martes que PSOE y Unidas Podemos habían alcanzado un acuerdo para dar luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y que incluye un pacto para impulsar de una vez la Ley de vivienda, tras meses de retraso. Una norma, que siempre ha sido una 'línea roja' para Podemos que se ha marcado el objetivo de tener el control de los precios del alquiler, obviando cualquier derecho sobre la propiedad privada.. Sin embargo, desde el PSOE se han afanado desde el principio en desvincular esta Ley de Vivienda de la negociación de los Presupuestos. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, aseguraba que "va a haber un acuerdo (sobre vivienda) pero no condicionará los presupuestos".Al mismo tiempo, y solo minutos antes de que Moncloa anunciase el pacto, desde Podemos negaban la mayor. "Hasta donde yo sé ese acuerdo no está cerrado en este momento", aseguraba Nacho Álvarez, responsable de la negociación de las cuentas públicas por parte de los morados."Cuando ha empezado la entrevista este acuerdo no estaba cerrado", ha explicado Álvarez: "Habrá que ver a qué se refieren", ha insistido, para dejar claro que todo se trataba de una nueva maniobra desde Moncloa.. Además, Álvarez hacía referencia a otro de los puntos en los que PSOE y Podemos, estaban intentando ponerse de acuerdo, la propuesta impulsada por los morados que buscar fijar una tasa mínima efectiva en el Impuesto de Sociedades del 15%. Otra línea roja."El PSOE aún no ha dicho si es así o no. En todo caso quiero pensar que sí", ha manifestado Álvarez, para añadir que este tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades está en los programas electorales de ambas fuerzas políticas así como en el acuerdo de coalición por lo que "este Gobierno debe, sin duda, llevarla a los PGE".Sin embargo, y pese al interés por controlar los tiempos a la hora de hacer el anuncio desde uno y otro lado del Gobierno. Podemos se ha llevado el gato al agua y ha conseguido que Sánchez ceda a sus pretensiones. . En primer lugar en cuanto a la Ley de Vivienda. La norma regulará del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.Según han detallado fuentes de Unidas Podemos se ha superado el principal escollo que se topó ayer la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de "privilegios fiscales".Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social). . Respecto a la subida impositiva, en la que se establece un mínimo del 15% a las sociedades, ninguno de los dos actores han querido pronunciarse todavía, ya que el incremento de los impuestos provocará un terremoto que, sobre todo el lado socialista, no está dispuesto asumir.Siempre han negado tal extremo, camuflándolo con eufemismos tales como "fiscalidad progresiva" o "armonización fiscal", aunque habrá que esperar a conocer la letra pequeña de los acuerdos para ver las condiciones con las que Pedro Sánchez ha contentado a Podemos.. Además, junto a estas líneas rojas el Gobierno ha propuesto incorporar a los Presupuestos una subida salarial del 2% para los funcionarios, que ha encontrado el rechazo de los sindicatos por considerarla insuficiente, pese a que el sector público paga un 20% más que el privado desde hace nueve años.Aún así, y tras horas de filtraciones interesadas, el Gobierno quiere tener la fotografía del pacto, por lo que está previsto que el Gobierno desgrane los detalles de los acuerdos presupuestario y en materia de Vivienda en la rueda de prensa que se celebrará después de la reunión del Consejo de Ministros.Sin embargo, desde el PP ya han mostrado su disconformidad con el acuerdo sobre la ley de Vivienda, ya que a su juicio. es una "barbaridad" y supone "un ataque sin precedentes contra la propiedad privada", según han señalado fuentes del partido.La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha afirmado que "cuando en un país no se respeta la propiedad privada el horizonte es muy negro". "¿Como vamos a conseguir que la financiación fluya y que el mundo apueste por España? La seguridad jurídica es imprescindible para crecer y crear empleo y las últimas noticias no ayudan nada", ha señalado. . . En este sentido, el alcalde de Alicante ha querido dejar claro que si el Gobierno central obliga a los consistorios finalmente a aplicar "esta subida fiscal sin sentido, el Ayuntamiento estudiará todas los mecanismos legales a su disposición para que el impuestazo de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos". "En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, por lo que intentaremos seguir por esta vía, y rechazar las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica", ha añadido. "Estos inventos ya se han puesto en marcha anteriormente en algunas ciudades europeas, y siempre han terminado igual: con menos viviendas en alquiler y precios más caros". . El primer edil ha insistido en que "esta nueva ocurrencia del Gobierno central no va a ayudar a solventar un problema demasiado complejo, como es el acceso a la vivienda y los precios inmobiliarios. Más bien todo lo contrario: se corre el riesgo de que la oferta de viviendas se aminore, por el miedo de los agentes económicos, grandes y pequeños, a invertir, por lo que habrá menos pisos en alquiler por la falta de seguridad jurídica, y los precios se elevarán. Justo lo contrario de lo que se persigue". . Según Barcala, "así, con subidas salvajes de impuestos y abrazando las políticas populistas, es difícil que se quiera invertir en un sector tan importante para España y para Alicante como es el inmobiliario". "Estas políticas demagógicas", ha concluido el alcalde, "ponen en riesgo la vitalidad de una actividad clave para la economía de Alicante, y no lo vamos a permitir". .

El Colegio de Aparejadores acuerda vender su inmueble de Rafael Altamira

Alicante planta cara al Gobierno: no se aplicará la "subida salvaje" del IBI