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Incendio y agresión de un peligroso interno en Foncalent

Los trabajadores del psiquiátrico de la prisión alicantina denuncian el “abandono del ministro Marlaska” y reprochan su intención de centralizar el servicio en Valencia

En este estado quedó la celda de uno de los internos agresores

En este estado quedó la celda de uno de los internos agresores

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La asociación profesional de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) denuncia los graves hechos que tuvieron lugar en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante este sábado 6 de noviembre. Durante el turno de tarde, un interno del Departamento de Agudos, en el que residen los más peligrosos del centro, provocó un incendio en su celda. Los funcionarios y el celador de servicio acudieron rápidamente a extinguirlo usando equipos de respiración autónoma, con un riesgo elevado para su salud ya que los sistemas de extracción de humos no funcionaron en un primer momento. Posteriormente, ese mismo interno agredió con un puñetazo en la nariz y varios arañazos en el cuello al Jefe de Servicios de la prisión, al tener que intervenir para calmarlo.

La situación se tensó hasta el límite debido a que un segundo interno de otro Departamento destrozó violentamente su celda en el mismo momento en el que los trabajadores hacían frente al incendio y la agresión, afrontando por tanto simultáneamente dos incidentes graves.

Críticas al ministro Marlaska

Desde el sindicato de funcionarios de prisiones denuncian “la insistencia de los responsables del Ministerio del Interior, con el ministro Fernando Grande-Marlaska al frente, y de Instituciones Penitenciarias en dañar públicamente la imagen de los trabajadores penitenciarios”. Insisten en que “la sociedad debe conocer la importancia para su seguridad de la labor diaria que llevan a cabo custodiando a personas que han puesto en peligro la convivencia pacífica”. En este caso, añaden, “deben salvar la vida de la persona que está poniendo en grave riesgo las suyas”.


TAMPM viene denunciando desde su creación la responsabilidad del Secretario de Prisiones Ángel Luis Ortiz por todos estos incidentes regimentales, al no dotar de medios personales, materiales ni de formación al colectivo que dirige.

Graves carencias

Desde el sindicato denuncian que a la hora de tratar con internos con enfermedades psiquiátricas que les hacen tener brotes de violencia como los del pasado sábado, lo hacen con una absoluta carencia de apoyo ministerial. Reprochan que Instituciones Penitenciarias “planea el cierre del centro alicantino para abrir un psiquiátrico nuevo en Valencia”. TAMPM considera que supondría menospreciar todo el capital humano y la experiencia acumulada de una plantilla como la alicantina.


Incidentes regimentales como el incendio, el ataque y los destrozos de dos internos en Fontcalent, al que se suma el mismo día una pelea multitudinaria entre varios grupos de internos en un Módulo residencial del vecino centro de Cumplimiento también en Alicante, son habituales en las prisiones españolas.

Otras agresiones

Cabe recordar que hace días otro Jefe de Servicios estuvo a centímetros de perder la vida al ser apuñalado en el cuello con un cristal afilado en la prisión de Cuenca por uno de los reclusos más peligrosos de España. Esta misma semana se produjeron más agresiones, como la sufrida por una funcionaria que perdió varios dientes en la prisión de Logroño. También tuvo lugar un ataque de carácter sexual de un recluso a una profesora en el centro penitenciario de Jaén.


Desde la asociación TAMPM se considera que la política oficial de blanqueamiento y negación de los episodios violentos tiene como verdadero objetivo el de mantener en sus puestos a mandos como Ángel Luis Ortiz, con un sueldo superior al del propio Presidente del Gobierno. Una de las consecuencias de esa política es la concesión de terceros grados y vida en semilibertad a personas que no están reeducadas ni preparadas para volver a la sociedad. El tercer grado es un requisito indispensable para pasar a libertad condicional, como el asesino de Lardero. Los cargos dirigentes, como servidores públicos, deben dar un paso al lado al demostrar su incapacidad para gestionar adecuadamente la institución penitenciaria.

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